CARRERA JUDICIAL.

Un compromiso del pacto de estado por la justicia

Desde el día en que asumí el cargo de procuradora general de la Nación, consideré que uno de los mecanismos para luchar contra la impunidad y la delincuencia consistía en el fortalecimiento y renovación de las competencias del recurso humano y técnico del Ministerio Público, en el que un sistema de méritos fuera, para los funcionarios, la herramienta jurídica que les permitiera desempeñar sus cargos de manera eficiente, motivada y comprometida con las funciones y atribuciones de una institución tan compleja como la nuestra. Pero sobre todo, consideré que la implantación de este nuevo mecanismo contribuiría a romper con cualquier práctica que pudiera evitar que solo los mejores y más calificados funcionarios llegaran a ocupar los cargos. Para el logro de este objetivo llevé a cabo los primeros esfuerzos tendientes a la elaboración de un proyecto de ley que instituyera la carrera judicial en el Ministerio Público, para dar cumplimiento de esta forma al requisito contenido en el artículo 305 de la Constitución.

Es así como el 23 de abril de 2007, junto al procurador de la Administración, fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que, a la fecha se encuentra en la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, cuya agenda de discusión no puede ser impuesta por quienes presentamos las propuestas.

El compromiso que adquirimos con este proyecto de ley tiene como norte la estructuración de una institución con un personal altamente capacitado, con estabilidad, idoneidad, destrezas y habilidades; cimentada sobre un moderno sistema de administración de su recurso humano, cuyo rendimiento sea efectivo y eficaz en la ejecución de las funciones propias del Ministerio Público. Constituye también, parte de las transformaciones del sistema emanadas de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia y está vinculado con la adopción de un nuevo Código Procesal Penal acorde con el modelo acusatorio, para cuyo éxito se hace necesario potenciar la preparación y la lógica competitiva de nuestros funcionarios.

Una vez sea debatido y aprobado por la Asamblea Nacional, este proyecto de ley dejará en el olvido el actual Reglamento de Carrera de Instrucción Judicial del Ministerio Público, que data del año 1996, y que, como se sabe, hermenéuticamente su valor jurídico es inferior al de la ley, fragilidad que caracteriza a una resolución interna, al poder ser modificada o derogada por quien ocupe el cargo que ostento.

A la nueva propuesta legislativa se incorpora un glosario de términos, se establecen los objetivos y los principios de la carrera, se consigna su organización, la forma de ingreso, las acciones de recursos humanos, los derechos, deberes y prohibiciones, además del régimen disciplinario. Lo anterior, en procura de establecer un conjunto de normas, procedimientos e instrumentos dirigidos a evaluar el mérito, competencias y requisitos de los aspirantes que desean desempeñar un determinado cargo en el Ministerio Público o que estén en posibilidad de ser promovidos mediante concurso.

Asimismo, se dispone la clasificación de puestos, es decir, se propone la agrupación de los puestos de acuerdo con los deberes, responsabilidades, nivel de dificultad, complejidad y requisitos para desempeñarlos, con el propósito de orientar la administración de recursos humanos en las áreas de selección, capacitación, evaluación, remuneración, ascensos y otras acciones. En tal sentido, ya se cuenta con un proyecto de manual descriptivo de clases de puestos.

Para garantizar el buen desempeño en el servicio, se elaboró un mecanismo de evaluación, de tal forma que se valora el rendimiento, la calidad de trabajo y el comportamiento laboral de los miembros de esta institución. Todos estos esfuerzos se sustentan en el respeto que le debemos a la función que realizamos frente al Ministerio Público, la que, reiteramos, debe centrarse en principios éticos, en los que la vocación de servicio y la responsabilidad social se nutran con la garantía; y en la que los funcionarios encargados de investigar los delitos y perseguirlos sean el resultado de un sistema de méritos, mecanismo que brindará a la sociedad panameña, la seguridad que cuentan con una institución transparente, aumentándose así la credibilidad en cada una de nuestras actuaciones tan necesarias para la legitimación social que requiere el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de nuestro país.