El Gobierno parece congelado frente a un grupo de empresas concesionarias de la fenecida Autoridad de la Región Interoceánica, que le adeuda más de una veintena de millones de dólares al Estado. Las concesiones de estas empresas se otorgaron a precios ridículos, con el compromiso de realizar cuantiosas inversiones.

Pero la que ha resultado cuantiosa es la creciente deuda que mantienen con el Estado y, por otra parte, por los descarados abusos que suelen cometer, como es el caso de uno de ellos que ha rellenado la costa so pretexto de construir una marina, que parece que será, sin duda, la primera en tierra firme.

Sobre este hecho en particular, la Corte Suprema de Justicia está en deuda: los procesos que sobre el caso se manejan en uno de los despachos de los magistrados están estancados, muy convenientemente, por cierto, lo que ha facilitado que el empresario siga apropiándose del mar sin cortapisas. Quizá ya es hora de que algunos magistrados empiecen a rendir cuentas por lo que hacen o dejan de hacer.