TENDENCIA MUNDIAL.
Movimientos de protesta en ciernes
1052015Miguel Ramos
opinion@prensa.com
En casi todos los países capitalistas en algún momento de su evolución y desarrollo se generan movimientos de protesta por parte de agentes sociales, sean estos gremios profesionales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, ecologistas, sectores religiosos, organizaciones populares, etc. En los países más desarrollados, particularmente de Europa, estos movimientos alcanzan gran envergadura y en algunas ocasiones se producen violentos choques con las fuerzas de seguridad.
En virtud de la coyuntura que vive el mundo, producto del proceso inflacionario mundial generado por la burbuja especulativa en el mercado petrolero, en varios países europeos y asiáticos se han dado movimientos de protesta contra los altos precios de los combustibles y de los alimentos.
Esta corriente de protesta internacional ya ha llegado a Panamá y en el transcurso de las próximas semanas se escenificará un movimiento de protesta contra los altos precios de los combustibles y de los altos precios de los alimentos que en nuestro país están generando una verdadera corrosión social, que se manifiesta en un radical deterioro de los niveles de vida de la mayor parte de la población.
El movimiento de protesta ha sido convocado por el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) y en esta ocasión busca el apoyo de otros sectores sociales fuera de su ámbito de influencia. Si este movimiento logra configurar una amplia coalición de fuerzas sociales heterogéneas, en función de objetivos y reivindicaciones de carácter popular, se abriría un nuevo capítulo que podría darle al movimiento popular una gran fuerza y capacidad política.
El deterioro de las condiciones sociales de la población panameña es obvio. En 1990 una remuneración de mil 500 dólares era considerada un ingreso bastante alto. Para el año 2004 la inflación acumulada desde 1990 sumó 14.6%, equivalentes a 219 dólares. Entre el 2005 y 2007 la inflación acumulada sumó 11.7%, lo que representa 177 dólares. Es decir, que un ingreso de mil 500 dólares, en 18 años, se redujo en 396 dólares. Se calcula que la inflación a fines de 2008 estará entre 7.5% y 8.5% lo que supondrá una pérdida adicional de 120 dólares.
Con la descripción ya señalada, es obvio el deterioro económico de las capas medias. En este momento gran parte de la población limita sus gastos a la adquisición de alimentos y al pago de los servicios públicos. Este comportamiento se confirma con las conclusiones del Índice de Confianza del Consumidor realizado por la firma GFK The Marketing Group en colaboración con la Cámara de Comercio, que cayó de 100.5 en abril; a 95.9 en mayo y a 90.1 en junio.
Con estas condiciones, es lógico escuchar las voces que reclaman un significativo ajuste salarial y la enérgica intervención del Estado para detener o en su defecto aliviar la tendencia alcista de los precios.
El argumento esgrimido por algunos de que la población debe aceptar la tendencia inflacionaria, porque Panamá no controla los precios del petróleo, es inaceptable. El Estado tiene la obligación y el deber de ejecutar todos los mecanismos a su alcance para evitar el acelerado deterioro de las condiciones económicas que está sufriendo la población panameña.
Las medidas implementadas por el Gobierno por vía del Programa de Apoyo al Consumidor, el programa de los productos Compita y el apoyo a los productores si bien van en la dirección correcta, son insuficientes. Ninguna de estas medidas ha sido lo suficientemente fuerte para romper el control de los oligopolios, tanto en el mercado del combustible, como de los alimentos. Los hechos demuestran que estos grupos económicos no desean disminuir sus niveles de ganancias.
El Gobierno también debe sentarse con los sectores involucrados para alcanzar acuerdos que permitan ejecutar las medidas necesarias que disminuyan el costo de la vida. En este caso no hay la menor duda de que el Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR) es un factor que incide en el fenómeno, pues funciona como un impuesto indirecto que se traslada al consumidor.
Si el Gobierno insiste en no tomar las medidas necesarias para corregir la situación actual, entonces las protestas sociales son inevitables.
El autor es economista
|