No serían cuestionables los lujos que ostentan quienes dirigen o dirigieron el rumbo de la Nación, si ellos se manejaran bajo los sanos estándares de la transparencia.

Precisamente para ello, la Ley de Transparencia y la declaración jurada de bienes se convierten en instrumentos que brindan al ciudadano acceso a la información y la certeza de estar en manos de un mandatario honesto, pero sobre todo, la tranquilidad de que el gobernante conducirá el país con los mismos principios con que administra sus recursos personales y familiares.

Rendir cuentas antes y después de cada gestión, beneficia tanto la imagen de quien presenta la declaración de bienes, como al electorado que merece rigurosas explicaciones. Nuestros tres últimos presidentes, incluyendo al actual, han creado un halo de desconfianza ciudadana, que nos deja un mal sabor en el tema de la honestidad.

Esperamos que quien ocupe la silla presidencial a partir de 2009 tenga entre sus prioridades una conducta transparente, empezando por casa.