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Políticas públicas benefician al cine

En los últimos años, Latinoamérica ha visto un incremento en su producción cinematográfica.

Si bien algunos argumentan que los fondos públicos son escasos para llevar a cabo una realización cinematográfica rentable, otros afirman que el apoyo estatal, por mínimo que sea, juega un papel importante a la hora de la búsqueda de mayor financiamiento.

Uruguay fue uno de los últimos países en unirse a la corriente, aprobando en mayo una ley para el sector audiovisual, que incluye incentivos fiscales similares a los que aplican Brasil y Venezuela.

Los países de América Latina, que solo en 2007 llevaron a las carteleras locales desde cuatro hasta 90 películas por nación, estuvieron presentes en el último Festival de Cannes con más de 20 filmes seleccionados. Pero, para llegar hasta allí, los realizadores han debido recorrer, en muchos casos, un largo y penoso camino.

México, Argentina y Brasil tienen leyes de cine desde más de una década, e invierten millones de dólares en el sector. Venezuela aprobó en 2005 una iniciativa que alimentó con fondos y políticas la producción cinematográfica.

Una de las medidas comunes a todas las leyes aprobadas para el sector del cine, desde Brasil hasta República Dominicana, es la exoneración y reducción de algunos impuestos para las empresas que ayuden en la financiación de un proyecto.

También se establecen cuotas a ingresos por venta de derechos de las películas, como en Colombia; préstamos para el financiamiento en todas las etapas creativas, como en Vene- zuela; o un porcentaje de las ganancias por boletos vendidos.

Además hay acuerdos entre países, como los del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, e Ibermedia, un tratado de las naciones latinoamericanas con España y Portugal. Pero miles de potenciales proyectos son presentados anualmente para concursar por fondos públicos en América Latina. Y eso también trae consigo el temor por la saturación del mercado.