ESTADOS UNIDOS.

Transparencia como antídoto a la corrupción

Al negarse a aceptar fondos públicos para financiar su campaña presidencial, una vez que su partido lo elija como su candidato, Barack Obama ha reavivado el polémico tema del financiamiento de las campañas políticas en Estados Unidos.

Sus opositores, empezando por el virtual candidato republicano John McCain, se han regodeado en el exceso acusándole de hipocresía, deshonestidad y oportunismo. Es cierto que Obama faltó a la palabra empeñada cuando descubrió su habilidad para recaudar fondos en cantidades inusitadas. También es cierto que pasó de ser un apasionado reformista a un conformista que acepta lo que tanto criticaba. Y no es menos cierto que las razones que aduce para cambiar de chaqueta son espurias. Pero su decisión ni añade al problema ni mitiga las consecuencias del complejo debate sobre la influencia del dinero en las campañas políticas.

Durante 2007, los candidatos presidenciales recaudaron más de 500 millones de dólares y el pronóstico es que para noviembre cada uno de los dos candidatos finalistas habrá gastado la cifra récord de 500 millones de dólares. Una cifra tan desorbitada que suscita preguntas urgentes que exigen respuestas puntuales. Quienes pugnan por una reforma radical del financiamiento de las campañas argumentan que las donaciones privadas propician la corrupción porque quienes las reciben quedan en deuda con los donantes. Es, dicen los reformistas, un soborno disfrazado; en ocasiones se utiliza para obtener puestos en el Gobierno, para obtener ventaja en la asignación de contratos públicos y en el otorgamiento de franquicias y prebendas.

Sin negar el posible poder corruptor del sistema, quienes se oponen a que el Congreso apruebe leyes argumentan que éstas atentan contra la primera enmienda de la Constitución porque el dinero es una forma de discurso. Sin dinero, los candidatos no pueden transmitir sus mensajes a los votantes y los límites a las contribuciones reducen la libre expresión de los temas y el alcance a la audiencia.

Reaccionando a los abusos de los republicanos en la Casa Blanca en la elección de 1972, el Congreso aprobó una ley en 74 que aunque imponía límites a las contribuciones políticas permitía tantas excepciones que la “obsoletaban”. Dos años después, la Suprema Corte de Justicia falló que la restricción al gasto político era inconstitucional y no debía haber límites a lo que los políticos gasten aunque se impusieran límites a las donaciones a las campañas políticas.

Una contradicción que en los hechos permite que un candidato recaude y gaste la obscena cantidad de 500 millones de dólares. Hace casi tres décadas, cuando el PRI mexicano todavía ejercía el poder de manera contundente, un cínico político mexicano quiso convencerme de que los políticos estadounidenses eran tan corruptos como sus paisanos.

“Lo que tenemos que aprender”, decía, “es a hacerlo al estilo americano porque así no se nota tanto”. Aun aceptando lo difícil que es erradicar la corrupción de la política, pienso que la mejor ruta para mitigarla es precisamente la que han seguido los mexicanos desde el arribo de la democracia. Solo adoptando mecanismos de transparencia que permitan seguir el rastro de las contribuciones políticas y las acciones de los políticos para poder determinar dónde pudo darse una instancia de quid pro quo se podrán atenuar las exigencias de quienes pagan las campañas de los políticos.

También creo que con la introducción de un sistema que privilegia la donación pequeña a través del internet, la campaña de Obama ha propuesto una fórmula que debería ser adoptada para limpiar un sistema de financiamiento que hoy se debate en la contradicción, siembra dudas legítimas y no ofrece respuestas claras y transparentes. Lástima que a la hora de la verdad, Obama haya renunciado a dar el ejemplo.

El autor es miembro del consejo editorial de Los Angeles Times