UN COMBATE SUPERFICIAL.

Panamá y la Iniciativa Mérida

Después de una gira por cinco países de América Latina, en marzo de 2007, el presidente George Bush se reunió en Mérida, con el mandatario Felipe Calderón. Si bien México trató de relanzar una agenda bilateral que contemplaba temas clave como la reforma migratoria, lo cierto es que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ganó la partida. El resultado de aquel cónclave se materializa hoy en la Iniciativa Mérida.

Así, en el origen de la Iniciativa de Mérida subyace un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y defensa entre México y EU, según el cual México recibiría mil 400 millones de dólares durante tres años, como parte de un plan de combate al crimen organizado, principalmente el narcotráfico, y del cual se comprometía una cantidad adicional de cooperación a los países de Centroamérica, sobre todo a Guatemala.

No obstante, en octubre de 2007, el Gobierno norteamericano replanteó el programa y a partir de entonces la Iniciativa Mérida es un plan de cooperación multilateral que incluye a los países centroamericanos, con el fin de maximizar la eficacia de los esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales así como para detener el narcotráfico, los precursores químicos, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas. Pero no fue sino hasta noviembre de 2007, cuando la inclusión de Centroamérica y República Dominicana se hizo pública por el subsecretario de Estado Thomas A. Shannon.

Si el “componente de mejoramiento y apoyo social” (centros de privación de libertad, de resocialización, etc.) del plan es prácticamente inexistente, las políticas y prácticas de control y fiscalización son insuficientes para impedir el lavado de dinero en el campo de la banca y las finanzas. Y es que la iniciativa insiste en hacer del narcotráfico y la lucha del crimen organizado un asunto fundamentalmente bélico, militar, un problema de seguridad nacional, excluyendo la perspectiva de salud pública y seguridad ciudadana y, por tanto, de ciudadanía y prevención. De ahí que los expertos coincidan en señalar que en términos de equipamiento para la guerra contra el crimen organizado, la modernización dependerá en parte importante de EU, lo que puede ejercer una nueva presión para la adecuación de las estructuras de seguridad nacional y ciudadana a las exigencias y requerimientos de la política estadounidense.

No obstante, son los procesos nacionales de aprobación de la política de seguridad que implica la Iniciativa Mérida los que contribuyen al entendimiento de las asimetrías políticas, económicas, militares, de seguridad e ideológico–culturales que tipifican las relaciones interestatales entre EU y América Latina y el Caribe, así como la evolución, los desafíos y las posibilidades de los procesos institucionales, de concertación política, seguridad y defensa, cooperación e integración en la región.

Es el caso, por ejemplo, de la aprobación con condiciones, el pasado 22 de mayo, por el Senado de EU, de una partida de 450 millones de dólares para reforzar a los organismos de seguridad de México y Centroamérica. Los condicionamientos causaron un gran rechazo en México y aunque no hubo una negativa del Gobierno mexicano respecto de esa iniciativa, se levantó tanta polémica que incluso el presidente Calderón, amenazó con rechazar la ayuda si se incluía ese tipo de condicionamientos.

Atendiendo a tal malestar, la Cámara de Representantes “bajó el tono” y el 11 de junio aprobó una nueva versión de la Iniciativa, “que preserve los intereses de EU, con el debido respeto ‘a la soberanía’ de México”, según dijo la congresista republicana Ileana Ros–Lehtinen. Así se atendían las indicaciones de la Casa Blanca, que, tal como lo han dicho varios funcionarios, espera “que no se impongan condiciones unilaterales que puedan molestar a México”.

Contrario a México, hasta ahora los gobiernos de Guatemala, Panamá y El Salvador han aceptado los términos de la Iniciativa. Según Daniel Delgado, ministro panameño de Gobierno y Justicia, citado por la agencia EFE, los recursos aprobados por la Cámara de Representantes, “serán de gran utilidad para que nuestros países cuenten con la capacidad de enfrentar el narcotráfico”. Refiriéndose a nuestro país, añadió que “el narcotráfico y el tráfico de armas se han constituido en la piedra angular de la afectación de la seguridad pública y del uso de nuestras costas”.

Un reconocido especialista mexicano, refiriéndose a su país, concluía que “si se cree que con mil 400 millones de dólares en tres años, de los cuáles 500 millones corresponden al primero, se va a suprimir o aminorar el narcotráfico, definitivamente se está en un error… Es bastante conocido por la opinión pública el fracaso hasta ahora del Plan Colombia en cuanto a frenar la producción y trasiego de estupefacientes”.

Si esto es verdad para México y Colombia que no han sufrido el impacto de una invasión militar de la primera potencia mundial como la de aquella madrugada de diciembre de 1989, imagínese usted cómo será para nuestro país, que vio pulverizada de manera abrupta y brutal la institucionalidad existente hace casi ya dos décadas, sin posibilidad real de refundar siquiera discursivamente un proyecto de Estado–nación, inalcanzable desde entonces.

Mientras la política de lucha contra las drogas se limite a impedir que los alijos lleguen a EU, y el Estado panameño no pueda ofrecer los mínimos de seguridad a la gente en su vida cotidiana, ningún plan o iniciativa externa contra el crimen organizado tendrá sentido y utilidad; es más, podrían empeorar irremediablemente la situación interna. Es el gran riesgo de la Iniciativa Mérida tal como está diseñada.

La autora es docente de relaciones internacionales de la UP