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PROCESO. ESTÁ PENDIENTE EL CASO PROMOVIDO POR LA COMISIÓN DE VALORES.
Audiencia penal de Adelag, pese a acuerdo en lo civil
El caso que adelanta el Juzgado Decimoquinto es por el supuesto delito de quiebra fraudulenta.
La semana pasada se firmó un concordato resolutorio en lo civil, entre los implicados y los acreedores.
| LA PRENSA/Archivo |
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| perjuicios. La quiebra del grupo Adelag dejó pérdidas estimadas en 120 millones de dólares. 1044239 |
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
Los propietarios del quebrado Grupo Adelag, los hermanos Aquilino y Carlos de la Guardia, deberán acudir, a las 9 de la mañana de hoy, a la audiencia preliminar alterna que tiene programada el Juzgado Decimoquinto de Circuito del ramo penal.
A los implicados se les acusa del supuesto delito contra la economía nacional (quiebra fraudulenta), en un caso promovido en el ramo civil por un grupo de bancos y que luego siguió de oficio el Ministerio Público.
Independientemente al acuerdo (concordato resolutorio) al que llegaron la semana pasada los hermanos de la Guardia con el grupo de bancos, proveedores y tenedores de bonos afectados con la quiebra que dejó perdidas por unos 120 millones de dólares, para que se desista de los procesos civiles, el Ministerio Público mantendrá su acusación en el ramo penal (Ver tabla Acreedores del Grupo Adelag).
Pero, el ex fiscal Eduardo Ulloa, quien tuvo parte en la elaboración del expediente, considera que el referido acuerdo “puede tener repercusiones” porque el juez civil no ha calificado la quiebra.
El proceso penal, agregó, se puede adelantar, pero para que haya una condena definitiva la calificación debe ser fraudulenta. “Si el acuerdo es aprobado por los acreedores y por el juez, puede darse el desistimiento o una suspensión que produzca que no se llegue a dar la calificación”, apuntó.
Los de la Guardia enfrentan, además del proceso civil de quiebra en el Juzgado Decimoséptimo, otro caso penal, que adelanta el Juzgado Decimotercero que promovió la Comisión Nacional de Valores por falsificación de libros, registros de contabilidad o información, que afectó a tenedores de bonos y a la confianza en el mercado de valores local.
En este caso, también está implicada la auditora del grupo, Rossana de Guerra.
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