reformas al código procesal penal.

Diputados mantienen privilegios procesales

Pese a que voceros del Pacto de Estado por la Justicia –que dio inicio a la recién aprobada reforma judicial– consideran que se ha dado un paso importante en materia de justicia, aún queda un escollo clave sin resolver: que diputados y magistrados se investiguen y se juzguen mutuamente.

Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia –conformada por una veintena de organizaciones–, sostuvo que la Asamblea Nacional decidió mantener las trabas en los procesos judiciales en contra de los magistrados y diputados.

“El ciudadano lo que quiere es que quiten todas las trabas para la investigación de delitos de corrupción en los que participen funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y del Órgano Judicial”, señaló.

Castillo dijo que desde principios de las reformas al Código Penal y Procesal Penal –en 2005– pidieron que se cambiara el proceso de investigar a los magistrados y diputados.

Propusieron que el Ministerio Público se encargara de realizar las investigaciones, para luego remitirlas a la Corte Suprema o a la Asamblea.

En la actualidad, la Corte y la Asamblea designan a un magistrado, o a un diputado, quienes serán los que investiguen las denuncias.

Con el nuevo código, se designa una subcomisión de garantías en la Asamblea, integrada por tres diputados, que revisará si habrá méritos o no de llevar a juicio a la persona. Además, velará porque se cumplan las garantías del proceso, explicó el diputado Jorge Hernán Rubio.

Castillo dijo que no lograron que se modificara, pero reconoció que el proyecto dará un giro al sistema judicial del país, como la agilización en los procesos penales, la protección de testigos y el establecimiento de juicios orales.