LA SUERTE ESTÁ ECHADA.

Paga y reclama

Cuando le oí a un amigo la locución latina Solve et repete, le pedí que me la explicara. Tuvo la gentileza de remitirme al Diccionario de Latín Jurídico de Nelson Nicoliello, que la define así: “Pague y después reclame la devolución. Principio del derecho administrativo, a fin de evitar la demora en el cobro de aportes fiscales, por maniobras dilatorias e injustas”.

Rápidamente mis neuronas empezaron a procesar lo que acaban de oír. O sea, que en lenguaje común, y para otras circunstancias, si se paga para arreglar un asunto y el asunto falla, no se materializa o es invalidado, se tiene derecho a reclamar lo que se pagó por adelantado. Dicho de otro modo, “Yo te arreglo ese asunto, pero primero pasa por caja”. Y cuando se cuenta con los mecanismos para “arreglar asuntos”, el riesgo de tener que devolver lo recibido es casi nulo.

No sé ustedes, pero yo aprovecho y agradezco la oportunidad de aprender cosas nuevas e interesantes, como el significado de Solve et repete, que queda almacenado en mi cerebro per saecula saeculorum. Y basta de latín porque voy a otros asuntos.

La mayoría de los diputados renunciaron hace tiempo a los disimulos. Además de acomodarse con inmerecidos privilegios, nuevamente recurrieron al descarado madrugonazo, cují o camarón para pagar favores, o seguir órdenes “de arriba” porque “favor con favor se paga”. Y tras bastidores, los poderes económicos exigen porque “el que paga la música, manda en la fiesta”.

Al proyecto de Ley No. 410 que rebaja los impuestos a los asalariados, oportuno en campaña electorera, el diputado del PRD Raúl Rodríguez (La Prensa 1/6/08), propuso adicionarle un artículo que permite al Ministerio de la Vivienda cambiar los ordenamientos de tierras en las áreas revertidas “legalizando” así lo actuado en esta materia desde julio de 1997. Justo el salvavidas que necesitan los proyectos de “interés social” de Pasco y otros urbanistas.

Voy a contarles cómo funciona un programa de viviendas de interés social que conocí por Serafina y Bobby. En un condado del estado de Maryland, EU, residen personas de ingresos altos, algunos muy adinerados; allí se ven residencias elegantes y mansiones que impresionan por su tamaño y lujo; por sus bosques y bien cuidados jardines. No hay en el área edificios altos ni fábricas de clinker ni “parrilladas”. Como dato de referencia, que allí viven la viuda y el hijo del Sha Pahlevi de Persia (Irán), varios miembros de la familia Kennedy y conocidas figuras del periodismo, el cine, deporte, etc.

Y también viven allí Serafina, su hermano Bobby, y su madre, dependiente en una pastelería cercana; Serafina (lo pronuncian Sarrafina) y su hermano van a las escuela públicas a las que también van cientos de niños de clase acomodada porque son magníficas. ¿Cómo pueden ésta y otras familias de bajos ingresos económicos vivir en este condado? Porque bajo el concepto “interés social” el programa Housing Opportunities Commission, con participación de las autoridades y la comunidad deciden, en cabildos abiertos, la factibilidad de proyectos que proveen vivienda digna y módica, en alquiler o venta.

Serafina y Bobby viven en una casa tipo dúplex, con patio, veredas, muchos árboles, campos de juego, todo limpio y lindo; los niños y sus padres se integran a la comunidad y participan, sin ser discriminados, en las actividades cívicas y sociales del condado y de sus amigos personales. Como muchos otros, están creciendo en el mismo entorno donde crecen niños de holgados recursos gracias a un programa de “interés social” que, aunque limitado, impacta positivamente la vida de Serafina y Bobby.

Los diputados que aprobaron la artimaña del “interés social” saben perfectamente que las tierras que pusieron a disposición de los urbanizadores serán destinadas a edificios y barriadas lujosas, a fábricas de clinker y quién sabe a qué más. Y que no habrá nada para las Serafina y los Bobby panameños. El diputado Leopoldo Benedetti denuncia que la aprobación de este proyecto se dio “por el juega vivo de la plata que pudo bajar”; “porque en estos proyectos siempre corre el dinero” (El Panamá América 4/6/08). La argucia usada para beneficiar a poderosos inversionistas, patrones de políticos mandaderos, afectará negativamente áreas que la ley “Plan de uso de suelos de la región interoceánica” considera necesario proteger, vitales para la cuenca hidrográfica del Canal.

No se trata de que las áreas revertidas permanezcan ociosas; deben servir para que la ciudad crezca (ordenadamente); para provecho de sus habitantes y para la protección de determinados parajes ricos en fauna y flora. Mucho costó recuperar un territorio que nos mantenía asfixiados, limitados por la presencia y las prohibiciones de los norteamericanos; resulta dolorosamente irónico que el resultado de tantos años de lucha lo recojan las glotonas fauces de los mercaderes del cemento.

El nombre de los miembros de la Comisión que aprobó esta farsa, Tomás Gabriel Altamirano M., Miguel Alemán y Patricio Montezuma (oficialistas) y Marylin Vallarino y Arturo Araúz (oposición) y de otros diputados que la aprobaron, no debe olvidarse. A pesar de un mal “pálpito” me aferraba a una débil esperanza: el veto del presidente Torrijos a tan descarada maniobra. El mal “pálpito” se hizo realidad. Queda en manos de la Corte Suprema de Justicia resolver las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado. La suerte está echada. Alea jacta est.

La autora es comunicadora social