ASAMBLEA. RESIDENTES DE CLAYTON SALEN INDIGNADOS.

González defiende ‘camarón’

El presidente de la Asamblea alega que la inversión inmobiliaria le da carácter social a la ley.

Abogado de residentes no puede creer cómo proyectos de miles de dólares sean de interés social.

LA PRENSA/Iván Uribe

PLENO. Los diputados aprobaron anoche el proyecto de ley que reduce los impuestos a unos 110 mil contribuyentes.1031730

El presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González, defendió ayer la modificación –a última hora– al proyecto de apoyo al consumidor, aprobado anoche en tercer debate.

Explicó que incluyeron el artículo relacionado con el cambio de uso de suelo en áreas revertidas "aprovechando que discutíamos una ley fiscal que incentiva la inversión inmobiliaria".

Se refiere al hecho de que el proyecto incluye el aumento del tope del interés preferencial para hipotecas de casas. Antes, ese interés solo alcanzaba las casas de hasta 62 mil 500 y ahora llega a los 80 mil.

González agregó que por un "tecnicismo legal" –la no introducción del concepto de interés social en la Ley 12 de febrero de 2007– varios proyectos inmobiliarios están estancados. "Esto permitirá que se lleve adelante el desarrollo de esos proyectos para el bien del país", agregó.

Los residentes de las áreas revertidas, que estuvieron durante el debate, criticaron la actuación de los diputados.

"Ha sido un clásico madrugonazo", señaló Carlos Varela, abogado de los residentes.

El artículo establece que los cambios de uso de suelo en las áreas revertidas, establecidos en la Ley 12 de febrero de 2007, serán de interés social y por ello tienen efecto retroactivo. Eso quiere decir, dijo Spalding, que continuará la construcción de edificios.

Según los residentes, se permitirá la construcción en áreas de reforestación de la cuenca, en bosques protegidos, y se levantarán edificios similares a los de Punta Paitilla.

"El sistema de aguas negras está colapsado y no han hecho nada para arreglarlo. ¿Así pretenden construir más edificios?", cuestionó.

Varela había presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos demandas de inconstitucionalidad y una advertencia de inconstitucionalidad contra la Ley 12, ya que no podía tener carácter retroactivo porque no era de interés social.

"No pueden ser de orden público los cambios de uso de suelo, porque solo se benefician determinados desarrollistas", sostuvo Varela.

Agregó que volverán a demandar el recién aprobado artículo ante la CSJ, si sancionan la ley como está.

Raisa Banfield, residente en Clayton, cuestionó la falta de independencia del Órgano Legislativo, tras alegar que los diputados han favorecido intereses económicos. Aclaró que no se oponen al desarrollo del país, sino al desorden urbanístico que impulsa el Ministerio de Vivienda.

El diputado opositor Leopoldo Benedetti pidió, sin éxito, ante el pleno de la Asamblea bajar el proyecto a segundo debate. El proyecto fue aprobado anoche en tercer debate, con el voto de 45 diputados de los 78.