VIOLACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA.

Amenaza para la ciudadanía

El artículo 41 de la Ley 18 de 1997 dice textualmente que solo podrán ser nombradas a la Dirección General de la Policía Nacional "personas civiles que no pertenezcan a la carrera policial". Como el comisionado Jaime Ruiz pertenece a la carrera policial, su nombramiento representa una violación de la normativa jurídica vigente por parte de quienes lo nombraron –el Presidente de la República y el Ministro de Gobierno y Justicia– quienes, irónicamente, son los primeros llamados a cumplir y hacer cumplir la ley.

El subterfugio infantil al que se recurrió –que Ruiz es director general "encargado" –en nada atenúa la violación de la ley en que se ha incurrido. Para todos los efectos, es Ruiz quien a partir del 13 de mayo administra las actividades de la Policía Nacional y ejerce las demás funciones que le asigna al Director General el artículo 45 de la Ley 18 de 1997.

Esas funciones, señala dicha Ley, debe ejercerlas un ciudadano panameño que –además de no formar parte de la carrera policial– sea mayor de 35 años de edad, se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, no haya sido condenado por delito doloso y no sea miembro de ningún partido político (artículo 42). Entre los cientos de miles de ciudadanos panameños comprendidos en esa categoría, que no son miembros de la carrera policial, ¿no pudo encontrar el Presidente de la República un individuo calificado para ejercer la Dirección General de la Policía? Usted y yo hubiésemos podido recomendarle a varios candidatos probos, decentes y competentes.

Además de una violación a la Ley, el nombramiento de Ruiz representa la inclinación militarista de quienes nos gobiernan, inclinación que en el siglo pasado condujo a la instauración de una dictadura castrense en 1968, con desastrosas consecuencias para el país (incluyendo la invasión provocada por el PRD y las Fuerzas de Defensa en 1989). Ruiz no solo pertenece a la carrera policial, sino que es militar graduado de la Escuela Politécnica de Guatemala (y se incorporó a las Fuerzas de Defensa en 1985: ver La Prensa, 15 de mayo). Tenemos el derecho de exigir que se nos informe de qué consiste el plan de estudios en esa academia militar, entre cuyos egresados figuran algunos de los más sanguinarios violadores de los derechos humanos en Guatemala. ¿O es que nadie aquí recuerda ya a las 200 mil víctimas de la vesánica represión militarista desatada en ese país en 1970 y 1980?

Para justificar el ilegal e inconveniente nombramiento de Ruiz, los voceros del gobierno de turno citan, con simplismo digno de retrasados mentales, el aumento de la criminalidad, un tema sumamente complejo y sensible, que afecta con mayor dureza a los sectores más vulnerables. Arguyen que para recuperar la tranquilidad ciudadana es menester militarizar los servicios de seguridad. El argumento subyacente es que el modelo autoritario –que viene de la mano del militarismo– es más conducente a la convivencia social pacífica que el modelo civilista y democrático.

Esta tesis es doblemente falaz. En primer lugar, un rápido vistazo a las estadísticas internacionales disponibles sugiere que entre el grupo de países menos violentos hay mayor incidencia de democracia, que entre el grupo de países más violentos. La más reciente Encuesta de Tendencias Criminales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (1998–2000) suministra información sobre homicidios per cápita en 62 Estados (http://www.finfacts.com/biz10/worldstatistics.htm). De estos 62 Estados, 58 tienen puntajes correspondientes al año 2000 en Polity IV, la base de datos más completa sobre regímenes políticos (http://www.systemicpeace.org/inscr/inscr.htm).

A medida que el puntaje en Polity IV se acerca a 10, el Estado es más democrático. Entre los 29 Estados de la lista con menos homicidios, el puntaje promedio en Polity IV fue de 7.45. Entre los 29 Estados más violentos, el puntaje promedio fue de 5.76. En otras palabras, el grupo de Estados con mayor número de homicidios es menos democrático que el grupo de Estados con menor número de homicidios.

El argumento militarista también es falso, porque pretende asignarle al régimen democrático la culpa de la criminalidad imperante en Panamá. El sistema democrático puede contribuir a la reducción de la criminalidad –lo mismo que a la protección y promoción de los derechos humanos, otra aspiración de toda sociedad civilizada– en la medida en que sus instituciones funcionen apropiadamente, libres de manipulaciones y corruptelas. En un país como el nuestro, donde predomina el desorden institucional y donde los funcionarios públicos –empezando con los de más alto rango– se dedican día y noche a menoscabar la institucionalidad (antes que a fortalecerla), malamente puede decirse que la "democracia" es la causante de un aumento en la delincuencia.

Para reducir la criminalidad y, al mismo tiempo, promover el ejercicio de las libertades, lo que hace falta, ante todo, es mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas, particularmente las responsables de solucionar pacíficamente las controversias entre personas (el Ministerio Público y los tribunales de justicia) y responder a las necesidades populares (el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional y los gobiernos municipales). Lo que se necesita es más –no menos– democracia y apego a la Ley. Como eso no lo entienden quienes gobiernan en la actualidad, su permanencia en el poder constituye una clara y evidente amenaza para la ciudadanía.