Narcorred.
UAF alertó sobre Ortiz y sus fondos
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
Cuatro años y cinco meses antes de que Irma Ortíz Rivera fuera detenida en una operación antidroga, realizada en diciembre de 2007 -acusada de pertenecer a una red, supuestamente, dedicada al lavado de dinero y que operaba en Chiriquí con el apoyo de policías- la Unidad de Análisis Financiero (UAF) había alertado sobre operaciones bancarias "sospechosas" de la empresaria.
En el informe sobre sus cuentas de ahorro, fechado el 25 de julio de 2003, la UAF calificó de "excesivo" el volumen y la frecuencia de los depósitos en efectivo recibidos en el Banco Nacional de Panamá, no cónsonos con el perfil declarado por la cuentahabiente.
Tal informe fue remitido al pleno de la Corte Suprema de Justicia como parte de las respuestas que la Fiscalía Primera de Drogas dio, tras el recurso de hábeas corpus que Ortíz presentó contra su detención.
Bajo la ponencia del magistrado Harley Mitchell, la Corte declaró legal la detención de Ortiz, a quien se le atribuía el control del negocio de la "casa grande" [venta de chance clandestino] en esa región.
Igual suerte corrieron personas de su círculo cercano como su esposo, Ceferino Marín; su madre, Carmen Rivera; su hijo del primer matrimonio, Dídimo Araúz Ortíz, y su hermano Valentín Ortíz Rivera.
La Corte también declaró legal el arresto de todos ellos.
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