El antídoto frente a cualquier suspicacia es la transparencia. Pero tal parece que esa palabra es desconocida para nuestros funcionarios. Y la percepción ciudadana es que quienes llegan a paladear las mieles del poder, intentan –de una manera u otra– darle duro a la piñata de la hacienda pública.

Bien haría la Secretaría Anticorrupción en jugar su rol de fiscalizadora y hurgar en las actuaciones de nuestros servidores públicos. Igual tarea le corresponde al Defensor del Pueblo de cara a lo que parece un desfachatado tráfico de influencias del recién estrenado ministro del Mivi.

Si hubo o no beneficios indebidos, debe aclararse sin dilación ni evasivas. Como sociedad civil merecemos recibir explicaciones, y de no recibirlas, tenemos la obligación de protestar enérgicamente contra la corrupción rampante. Basta ya de tolerar tanta sinvergüencería; hay que insistir en la rendición de cuentas y en el castigo duro e implacable para los “juega vivo” de la cosa pública.