La Corte permite y calla

Áreas revertidas.

Los planes urbanísticos de Inmobiliaria P&P cambiaron –de viviendas a edificios– luego de que la Sala III de la Corte Suprema levantara la suspensión que pesaba sobre una resolución de 2000 de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda (Mivi), que cambió el uso de suelo de ocho lotes en las áreas revertidas –incluyendo el CL 43– de "áreas verdes urbanas" a "áreas desarrollables" (mediana densidad-conjunto R2C).

La decisión de la Sala III se da en respuesta a una demanda presentada por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, que alegó que la resolución del Mivi modificaba la Ley 21 de 1997, que contiene el "Plan general de desarrollo, uso y conservación de la Región Interoceánica".

El fallo –de agosto de 2007– fue avalado por los magistrados Víctor Benavides y Jacinto Cárdenas, suplente de Winston Spadafora. Adán Arnulfo Arjona salvó su voto, al considerar que, de ninguna manera, una resolución ministerial –en este caso, del Mivi– puede modificar una ley.

Pero este entuerto legal ya había sido oportunamente subsanado: el 31 de diciembre de 2006, la Asamblea Nacional aprobó una ley –la No. 12 de 2007– para validar los cambios de zonificación realizados por el Mivi en las áreas revertidas.

No obstante, esta ley también fue demandada ante la Corte por inconstitucional, ya que valida todos los cambios de zonificación aprobados por el Mivi en los últimos 10 años; es decir, tiene efectos retroactivos.

La Corte todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad o no de la Ley 12 de 2007. Aunque el tema está pendiente, P&P avanza en la tala y desarrollo de Clayton, sin que nada los detenga, por el momento.