reformas. oposición cuestiona al gobierno por oportunista y poco transparente.

Análisis
Ley de responsabilidad social fiscal entrará en vigor en 2009

La nueva ley fija un tope al déficit, redefine el concepto de deuda pública y sanciona a los funcionarios que violen la disciplina fiscal.

El próximo gobierno, en su primer semestre de mandato, deberá entregar un plan de inversiones y proyecciones económicas a cinco años.

LA PRENSA

larga espera. Todos los ministros de Economía y Finanzas de este gobierno, Ricarte Vázquez (a la izquierda), Carlos Vallarino y Héctor Alexander (a la derecha), prometieron aprobar esta ley. La promesa fue cumplida casi cuatro años después del inicio del mandato.1023073

La ley de responsabilidad social fiscal que fue aprobada por la Asamblea el miércoles entrará en vigencia plena el 1 de enero de 2009, nueve meses antes del cambio de Gobierno, y aunque todos los sectores consideran positivo que se hayan definido unas reglas de juego que garantizan la disciplina fiscal, algunos se están quejando del "oportunismo" de la actual administración.

"Cuando eran oposición, insistieron mucho en definir estas reglas. Pero luego, cuando llegaron al Gobierno, suspendieron la ley de responsabilidad fiscal sancionada en 2002 por dos años y venían prometiendo esta reforma desde 2004", recordó el diputado panameñista José Blandón. "Pasó el año 2005, 2006, 2007 y es ahora cuando vienen a sacarla, mucho más restrictiva que la de la presidenta Mireya Moscoso, para que sea el próximo Gobierno al que le toca cumplirla", acotó.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) justifica el retraso diciendo que en la primera etapa de esta administración hubo otras prioridades, como la reforma tributaria o la del Seguro Social, y que un marco legal como este no podía ser desarrollado a la ligera ni obviando el largo proceso de consultas al que fue sometido.

"Creo que el país cuenta finalmente con una excelente ley, y que su fiel cumplimiento le dará sostenibilidad y un carácter más social al crecimiento económico que vive el país. Además, será un respaldo para el logro de los acuerdos del diálogo de la Concertación Nacional", comentó el titular del MEF, Héctor Alexander.

Los cambios

La nueva ley no solo fija un tope al déficit fiscal, establece límites para la deuda pública y redefine algunos conceptos clave de la contabilidad financiera del Estado, sino que sanciona a los funcionarios que maquillen las cuentas fiscales.

En ciclos de expansión económica, el déficit no podrá ser mayor de 1% del producto interno bruto (PIB); en ciclos recesivos, el tope será 3%. Y la meta establecida en el artículo 12 es reducir el tamaño relativo de la deuda a 35% del PIB para el año 2015.

Ese objetivo luce inalcanzable a primera vista si solo se toma en cuenta que, de acuerdo con el más reciente reporte de la Contraloría General, la deuda equivale a 53% del PIB en la actualidad.

En realidad, se va a poder porque el concepto de deuda pública que está usando la Contraloría hoy para esa medición no es el mismo que va a usarse a partir de 2009 y que el novel marco legal bautiza como "deuda neta consolidada del sector público" (DNCSP).

La DNCSP es la sumatoria de las deudas públicas externas e internas, menos el saldo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Aplicando este criterio -que según financistas consultados como Roberto Sifón-Arévalo, de Standard & Poor’s, cumple perfectamente con los estándares internacionales de contabilidad pública -la deuda actual representa 43% del PIB. Bajarla de allí a 35% en siete años, resulta completamente viable.

Planes plurianuales

Con esta ley, el equipo de gobierno que asuma la Presidencia de la República en septiembre de 2009 y todos los sucesivos estarán obligados a presentar al inicio de sus mandatos un plan de inversiones públicas, un plan estratégico económico y social y unas proyecciones económicas y financieras a cinco años.

Los economistas de la firma Indesa, por ejemplo, ven con buenos ojos esta novedad, al igual que la obligación de que todos los proyectos de inversión pública superiores a 10 millones de dólares, para su aprobación, deben contar con un análisis de costos y beneficios social y económico. "Eso asegura una eficiente inversión pública", alegan.

Pero esas reglas no despiertan simpatías en todos. El financista Frank De Lima, asesor del precandidato presidencial Ricardo Martinelli, advierte que la norma es innecesaria y constituye una inadecuada "camisa de fuerza".

"Eso de presentar el plan de inversiones por cinco años es una pérdida de tiempo, dado que las realidades nacionales pueden cambiar de un año al otro", señala.

"Y también es ilógico tener que presentar un estudio de factibilidad o costo beneficio de las obras de un valor mayor a 10 millones. Los planes de inversión forman parte de las propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales, y el pueblo panameño escoge en las urnas el plan que más le convence o conviene. ¿Por qué ahora la Asamblea tiene que decidir si un proyecto es necesario o no?", concluyó.

A juicio de De Lima, el actual gobierno solo quiere entorpecer a los gobiernos que siguen.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA

.DESACELERACIÓN: La deuda sigue creciendo, pasó de 9 mil 976 millones en 2004 a 10 mil 470 millones en 2007, pero lo hace a un ritmo más lento: en 2004 subió 15% y el año pasado solo 0.2%.

.RIESGO: Una de las razones por las que las calificadoras de riesgo no han otorgado aún a Panamá un grado de inversión es su alto nivel de deuda, que equivale a 53% del PIB, muy superior al de Brasil (14%), México (15%), Chile (32%) y la mayoría de los países latinoamericanos.

.NETA: Si al saldo de la deuda actual (10 mil 583 millones) se resta el del Fondo Fiduciario (mil 134 millones), la deuda neta resultante es 9 mil 449 millones, lo cual representa solo 43% del PIB.