COSTA RICA. AUDIENCIA CONTRA VENEZUELA.
OEA analiza demanda de ‘Globovisión’
Los trabajadores de la televisora privada denuncian hostigamiento y persecución del Gobierno venezolano.
Piden una sanción contra Venezuela por violar la libertad de expresión y la integridad personal.
SAN JOSÉ, Costa Rica
ACAN-EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA comenzará hoy una audiencia de dos días por una demanda interpuesta contra Venezuela por trabajadores del canal privado de televisión Globovisión, informó ayer una fuente oficial.
Un portavoz de la Corte, que tiene su sede en Costa Rica, explicó ayer a Acan-Efe que la audiencia será pública y en ella los jueces escucharán la versión de testigos, presuntas víctimas, parte acusadora y los representantes del Estado.
El caso será visto en el marco de un periodo ordinario de sesiones que la Corte que lleva a cabo del 2 al 9 de mayo en San José y que incluye varias audiencias privadas,
El caso llamado Gabriela Perozo contra Venezuela, está relacionado con la aparente persecución del Gobierno contra el canal de televisión Globovisión, y en la audiencia las partes expondrán sus alegatos finales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costes.
"La demanda se relaciona con la supuesta serie de actos de hostigamiento, persecución y agresiones sufridas a partir del año 2001 por 44 personas vinculadas al canal Globovisión, entre periodistas, personal técnico asociado, empleados y directivos", señaló la Corte en un comunicado.
Agregó que la demanda indica que "por haber buscado, recibido y difundido información, las presuntas víctimas fueron supuestamente sujetas a diversos ataques, inclusive atentados con explosivos a las instalaciones del canal de televisión Globovisión".
La demanda fue presentada a la Corte el 12 de abril de 2007 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide se declare culpable al Estado venezolano por violar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y libertad de pensamiento y expresión.
El 11 de septiembre de 2007 el Estado venezolano presentó un escrito en el que señaló como excepciones preliminares que aún no se ha agotado la vía judicial interna y la "parcialidad en las funciones que desempeñan algunos de los jueces integrantes de la Corte".
El Estado solicitó a la Corte que declare "improcedentes e inexistentes" las violaciones denunciadas.
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