GOBIERNOS.

¿Laicidad o laicismo de Estado?

El 20 de abril fue democráticamente elegido como presidente de Paraguay Fernando Lugo, un ex obispo de la Iglesia católica –suspendido a divinis por el Vaticano–, quien superó por 10 puntos porcentuales a la candidata oficialista Blanca Ovelar, rompiendo así con más 60 años del Partido Colorado en el poder. El asunto no es que democráticamente se acabara con la hegemonía del Partido Colorado –que reconoció la derrota– sino que se trate de un ex obispo al que propusieran como candidato presidencial. Esto tiene muchas lecturas y una de ellas es que seguramente se había perdido la esperanza en aquellos "políticos tradicionales" que incumplieron con su responsabilidad de cara a la sociedad al frente del gobierno. Tanto así que la ciudadanía recurrió a alguien en quien confían, un obispo católico.

Aunque un caso similar afortunadamente está lejos de pasar en Panamá, puesto que conocemos los límites del trato institucional entre la Iglesia y la comunidad política, esta particular situación ocurrida en Paraguay me lleva pensar en el tema de la relación Iglesia–Estado, tan de moda hoy en día principalmente en países de Europa y que últimamente ha salido a relucir de una u otra forma en nuestro país.

Al respecto debo decir que reconocer la laicidad del Estado es algo legítimo y necesario. Y digo laicidad, que no laicismo, puesto que la no confesionalidad del Estado que promueve la laicidad consiste, en palabras de Jorge Miras, "en el reconocimiento de la incompetencia de la Iglesia para gobernar las cuestiones temporales" y particularmente en el reconocimiento de la "incompetencia del Estado para adherirse a un credo religioso, precisamente como garantía para la libertad religiosa de todos los ciudadanos", sea cual sea el credo que practiquen.

Muy distinto es el laicismo, el cual bajo un paraguas de pregonadas libertades amparadas democráticamente, "en el fondo constituye una especie de ‘confesionalismo’ agnóstico o ateo, ya que presupone una toma de postura del Estado en cuanto tal (en este caso, negativa) sobre la religión, y acaba por imponer a todos los ciudadanos –mediante actuaciones legislativas, culturales, educativas, etc.– una organización social inspirada por el laicismo (que no es verdaderamente neutralidad en materia religiosa, sino una ideología bien determinada)", según Miras (Izquierdo, César. 2005:107). Pero, ¿qué dice la Iglesia respecto a su relación con la comunidad política?

La Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II deja claro que: "así como ha de reconocerse que la ciudad terrena (…) se rige por principios propios, con la misma razón se debe rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión y que ataca y elimina la libertad religiosa de los ciudadanos". (LG, 36). Esto significa que la Iglesia no considera una fórmula adecuada a la naturaleza de las cosas la confesionalidad, por la que el Estado se pronunciará sobre la verdadera religión para adoptarla como propia.

Al respecto, más recientemente Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas est deja claro que "la Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado". Es más, dice claramente que "la sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política", por ende de los políticos que rigen los destinos de los Estados con la colaboración de las distintas agrupaciones representativas de las fuerzas sociales del país.

Volvamos al caso Paraguay. ¿Qué podemos deducir de la sanción canónica del Vaticano –suspensión a divinis– frente a la postulación presidencial de Lugo? Me parece que sobran las palabras. Quien diga que la Iglesia está y quiere imponerse al Estado, cae en un error, pues la suspensión que ha sido impuesta a Fernando Lugo deja clara que la misión del clero es y debe ser únicamente espiritual.

La elección de Fernando Lugo como presidente de Paraguay es muestra del poder de las fuerzas sociales, cierto, pero más aún es muestra de la firme decisión de la Iglesia católica de no emprender por cuenta propia una labor política. Ni en Paraguay ni en ninguna parte del mundo.