El Gobierno nacional hizo una millonaria inversión en las escuelas para remover la peligrosa fibra de vidrio. La iniciativa era impostergable, eso está claro. Sin embargo, la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de remoción está en duda. Expertos en la materia han señalado una serie de errores que hacen suponer que la solución podría haber sido peor que el problema.

La consecuencia es que hay escuelas que tienen hasta más de un mes sin dar clases porque, lo que antes estaba encapsulado, ahora está esparcido en las aulas y exteriores de los colegios. Lo que se imponía, antes de otorgar los contratos, era investigar la idoneidad de cada empresa que realizaría la delicada tarea.

¿Se hizo eso? Si éstas eran idóneas, entonces algo grave pasó. Las quejas son muchas y los riesgos también, por lo que antes de salir a defender el trabajo, las autoridades del ramo tienen la obligación de investigar e informar apropiadamente para devolver la tranquilidad a la comunidad.