VENEZUELA.

Trabajadores con más penas que glorias

El régimen venezolano, presidido por Hugo Chávez Frías, se proyecta ante propios y extraños como el más grande fraude de nuestra historia republicana. El rechazo crece, el malestar se multiplica y las manifestaciones contrarias a todas sus políticas económicas y sociales permiten visualizar tiempos tormentosos, de serias confrontaciones.

Por supuesto, el oficialismo apelará a las ventajas, a la amenaza y hasta a la violencia física e institucional para mantenerse, como lo viene haciendo, al margen del estado de derecho y con prescindencia del destruido principio de legalidad. Intentará liquidar cuanto poder público o privado se oponga a sus pretensiones y purgará, una vez más, desde la fuerza armada hasta los círculos y comités de variada nominación para garantizarse la fuerza de choque necesaria que resista la indignación nacional.

Aparte de los primitivos esquemas ideologizados sobre las actividades productivas, del reaccionario estatismo de un marxismo trasnochado y superado definitivamente, solo la ineficiencia y la corrupción desbocadas pueden explicar la magnitud de tan escandaloso fracaso. Una década perdida y más de 700 mil millones de dólares desperdiciados entre las estructuras del crimen organizado que en diversas manifestaciones controlan la vida nacional.

No exagero. Con una nueva conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ¿tienen los venezolanos –organizados en sindicatos o no– algo digno que celebrar? El régimen chavista se empeñó en liquidar todo vestigio de unidad sindical. Arremetió desde el primer día contra la Confederación de Trabajadores de Venezuela y las más importantes federaciones de empleados y obreros. El signo inicial fue el de la división y el soborno para introducir elementos de contradicción en ese campo. Algo parecido a lo intentado con relativo avance en las organizaciones empresariales. En el campo laboral, detuvo todo proceso reivindicativo.

Prácticamente se ha acabado con la contratación colectiva del sector público, se estimularon los conflictos anarquizantes en el sector privado y, con una u otra justificación, se ha emprendido el asalto de importantes centros de producción en ambos sectores. La comisión tripartita del año 1997 –gobierno–ctv–fedecámaras– tenía consignados unos acuerdos fundamentales para ser desarrollados en sustitución de la renuncia, por ejemplo, de las prestaciones retroactivas de los trabajadores y para el desarrollo integral de la relativamente nueva legislación laboral. Han transcurrido 11 años desde entonces, 10 de los mismos bajo el mandato de Hugo Chávez, y el estancamiento le ha dado paso al más espantoso retroceso en el camino de las reivindicaciones para valorar la dignidad del trabajo como instrumento para alcanzar el bien común y la justicia social.

No nos podemos engañar. El sindicalismo autónomo e independiente, la contratación colectiva y, en síntesis, la libertad de trabajo son incompatibles con esta revolución comunista a la cubana, ineficiente y corrompida, que solo sabe sembrar miseria e incertidumbre.