RECURSOS NATURALES.

Cargo por servicio ambiental

En los últimos años, el tema ambiental ha adquirido una relevancia trascendental en Panamá, por el escenario que gira en torno a este sector. Hemos percibido avances, tales como la creación de fiscalías para los delitos ambientales, una Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) con un presupuesto más o menos acorde con sus responsabilidades, así como la promoción de iniciativas jurídicas que se traducen en beneficios para nuestro ecosistema.

La Anam, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, gestiona el proyecto de Ley No. 405, referente al pago por servicio ambiental por parte de las empresas del sector energético. Si bien es cierto que el servicio ambiental no tiene una definición precisa, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo define como: "Las actividades que producen bienes y servicios para medir, prevenir, limitar, minimizar o reparar los daños ocasionados al agua, la atmósfera o el suelo, así como los problemas relacionados con los desechos, el ruido y los ecosistemas".

El anteproyecto 405 contempla las inversiones comunitarias como resultado del pago por servicio ambiental a los dueños, poseedores y tenedores de terrenos o fincas que generen un determinado servicio ambiental, tales como recursos hídricos, captura de carbono o belleza escénica, para promover una óptima conservación de nuestros recursos.

Se pretende imponer un impuesto a las generadoras de energía –sean o no de fuentes renovables– para captar recursos y crear un fondo que logre incentivar a los habitantes de estos terrenos a que preserven el ecosistema, mientras perciben una remuneración. De esta manera, se iniciaría la recuperación de las cuencas hidrográficas. Este fondo llevaría tentativamente el nombre de Fondo de Inversión Social Ambiental.

Las empresas generadoras de energía no se oponen al proyecto, pero acotan que la medida busca establecerles un nuevo impuesto, se viola su seguridad jurídica, sienten una total discriminación hacia la actividad que desarrollan. Ellos no son los únicos que son considerados como "depredadores", el Estado debe retribuir a estas personas un porcentaje de lo que pagan en impuestos y tributos, entre otros. Adicionalmente, sostienen que en la actualidad mantienen compromisos bilaterales de carácter social con los moradores de las diferentes comunidades y temen que el fondo a crear sea víctima de la burocracia gubernamental.

Los grupos ambientalistas apoyan el proyecto, que consideran como la manera más eficaz de preservar nuestros recursos mediante la necesidad de invertir en personas, familias y comunidades, a fin de disminuir la deforestación y otras acciones que hacen daño al ecosistema. Expertos en el tema comparten el criterio de que aquellas industrias y consorcios que utilizan el agua como materia prima o producto final con beneficios netamente lucrativos, deben pagar un valor de conservación de todo líquido que demanden durante el proceso.

La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Ambiente y la Secretaría Técnica respectiva, aboga por la integración de criterios de todos los involucrados en este tema para los efectos de que se pueda concretar el pago por servicio ambiental en el sector energético, sin correr el riesgo de que se traduzca en un aumento en la tarifa a la población.

Costa Rica es pionera en la región en el tema del pago por servicio ambiental desde 1999 y, actualmente, sirve como modelo para otras naciones de la región y de Europa. En otras palabras, el modelo a seguir lo tenemos en nuestro vecino, situación que nos debe favorecer al momento de encaminar este proyecto que repercute en bien del medioambiente. En resumen, los avances en materia ambiental dependerán de la voluntad gubernamental y del sector privado, pero nosotros como ciudadanos tenemos el compromiso de incentivar la preservación de nuestros recursos.