INMIGRANTES.

Fuego cruzado

El mismo día en el que el papa Benedicto XVI y el presidente George W. Bush destacaban la centralidad del respeto a los derechos humanos de los inmigrantes y la protección de la unidad familiar, el Servicio de Inmigración realizaba redadas en plantas de procesamiento de pollos en Texas, Arkansas, Florida, Virginia del Oeste y Tennessee; en una fábrica de donas en Houston y en una cadena de restaurantes mexicanos en el estado de Nueva York, que significarán la deportación de cientos de trabajadores y por ende la separación de familias. Como era de esperarse, los pronunciamientos del Papa fueron seriamente cuestionados por los grupos anti inmigrantes.

Tampoco le fue bien al alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa por criticar las incursiones del servicio de inmigración a centros de trabajo con el consiguiente "severo y perdurable impacto negativo" a la economía local. Ni al jefe de la policía de Los Ángeles, William Bratton, por defender la orden especial 40, que le prohíbe a los policías de la ciudad detener a una persona con el único propósito de indagar su situación migratoria en el país.

La orden especial 40, data de 1979 y fue aprobada por un jefe de la policía que nunca se distinguió por su aprecio a la comunidad latina, pero entendió que para asegurar la cooperación de los latinos en investigaciones sobre actos criminales era necesario garantizarles la separación total entre la policía y los agentes del servicio de inmigración. Desde su origen, la orden fue controvertida y mal entendida pero, en realidad, el texto de la orden especial establece que ante un ilícito, la policía sí puede indagar el estatus migratorio de la persona que lo comete, pero nunca sin que medie la presunción de un delito. El año pasado, por ejemplo, la colaboración entre policías y agentes migratorios hizo posible identificar a unos 20 mil criminales que serán deportados a sus países por estar ilegalmente en Estados Unidos.

El furor actual contra la orden se ha dado porque la familia de un joven estudiante, presuntamente asesinado por un pandillero a quien se le acusa también de estar en el país ilegalmente, ha exigido cambios a la orden especial 40. Los grupos anti inmigrantes más vociferantes han ido más lejos, exigiendo que se rescinda.

Coincidiendo con los pronunciamientos del papa Benedicto, el alcalde Villaraigosa y el jefe Bratton, el Migration Policy Institute (Instituto de Políticas Migratorias) con sede en Washington D.C., recién acaba de publicar un nuevo reporte en el que resalta la falta de atención, tanto del sector público como del privado, al tema de la integración de los inmigrantes y señala la imperiosa necesidad de que se amplíe el debate nacional para incluir temas como la capacitación educativa, laboral y cívica de los inmigrantes, teniendo en el horizonte el futuro del país.

Curiosamente, si conjuntamos los pronunciamientos del papa Benedicto, el jefe Bratton, el alcalde Villaraigosa y los autores del reporte del MPI estaríamos delineando con asombrosa claridad, los cuatro aspectos fundamentales de lo que sería un debate ideal sobre el tema migratorio, a saber, reunificación familiar, seguridad nacional, prosperidad económica y un programa integral de integración de los inmigrantes.

Desafortunadamente, las reacciones negativas de los grupos anti inmigrantes, sobre todo a los pronunciamientos del Papa y del alcalde, se sustentan principalmente en su obsesiva fijación en un solo aspecto del debate real sobre la inmigración: la permanencia "ilegal" de millones de trabajadores indocumentados en el país y así, simple y sencillamente se empantana cualquier posibilidad de lograr el acercamiento integral al tema que podría solucionarlo.