CONTENCIÓN DEL GASTO.

Responsabilidad fiscal y crecimiento

La economía mundial se encamina en los próximos años hacia un incierto escenario marcado por un menor crecimiento, por la volatilidad cambiaria, y por el alza en los precios del crudo, de las materias primas y los alimentos. En medio de estas contingencias la estrategia que mejor servirá el interés de la mayoría de los países consistirá en asegurar un entorno macroeconómico estable, que constituya la base para una eventual recuperación económica.

A la luz de estos desafíos, afortunadamente la economía de Panamá dispone de recursos y alternativas. Por un lado, el país habrá logrado activar sus propios motores de crecimiento mediante la expansión del Canal y el mejoramiento del clima de inversiones, lo cual se verá reflejado a través de un sólido y sostenido aumento de la inversión directa. Gracias a esta dinámica, se proyecta que la economía nacional seguirá creciendo por encima del promedio mundial y regional.

Por otro lado, Panamá verá reforzada su característica estabilidad macroeconómica en la medida en que pueda controlar su déficit y su deuda pública. Dicho en forma simple, Panamá tiene ante sí la posibilidad tangible de seguir creciendo de manera sostenida en la medida en que el Gobierno que asume las riendas a partir de 2009 continúe manteniendo una sana política de contención del gasto y del endeudamiento.

El anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal que se discute en la Asamblea Nacional precisamente se enfoca en la concreción de estas metas. La propuesta establece que el déficit del sector público no financiero (SPNF) en proporción al PIB nominal será de un máximo de 1% anual (en 2004 era de –4.9% y en 2007 subió a 3.5%). Igualmente confina el saldo de la deuda pública del SPNF contemplando que ésta debe reducirse a un máximo del 40% del PIB nominal para 2015 (en 2004 era de 70.2% y en 2007 bajó a un 52.8%).

Con frecuencia la población menciona que deberían tomarse tales o cuales medidas con carácter de Estado para que haya continuidad en los programas. Dicho en lenguaje técnico, sugieren la institucionalización de una política y eso es precisamente lo que se logra con la aprobación e instrumentación de esta propuesta. Pero, quizá lo más relevante, lo que sienta un precedente, es que la ley asume el compromiso de no abultar el gasto público en un año electoral como lo será 2009. Facilita la inclusión en el presupuesto y del plan estratégico del Gobierno de los acuerdos que se establezcan dentro del marco de la denominada concertación nacional. En este sentido la ley no solo es clave desde el punto de vista financiero sino que, a su vez, integra una crucial concepción de consenso social y fortalecimiento democrático. En definitiva, se sientan las bases que permitirán a la economía seguir gozando de estabilidad y creciendo al ritmo de los últimos tres años, y de paso, generar los recursos que podrían conducir a una efectiva reducción de la pobreza panameña.