DETERIORO SOCIAL.

Fallas en investigación criminal

Cada día que pasa las noticias de la crónica roja son más crueles y espeluznantes. De pronto aparecen dos o tres cuerpos tiesos y fríos, maniatados y amordazados con cinta adhesiva, a la vera de una carretera, o se descubre en cualquier parte de la ciudad una pequeña maleta con el cuerpo exánime de una mujer arqueada de forma inverosímil, o se da cuenta de un muchacho de barrio que fue acorralado por sus rivales de otra pandilla y acribillado delante de su familia, o vemos cómo se atenta a tiros contra un juzgado municipal o un cuartel policial.

Se trata de crímenes atroces, ajenos a nuestra índole pacífica, que conmocionan a la comunidad. ¿Cómo no perturbarse ante la sucesión de hechos en donde predomina la saña y la crueldad indescriptible de los carteles de la droga? ¿Cómo no preocuparse ante la proliferación de las bandas delincuenciales y por el accionar de los gatillos alegres en los barrios? ¿Cómo no crisparse los nervios, al ver el pobre desempeño de las autoridades al encarar la situación?

Sencillamente no se ven resultados concretos cuando se trata de un crimen por encargo o de los llamados "ajustes de cuentas" por la sustracción de droga, que son ejecuciones propias del narcotráfico.

En esta materia causa asombro ver diariamente la fotografía de varios ajusticiados por la mafia del narcotráfico, pero nunca los nombres ni los rostros de los victimarios, ni mucho menos de sus "patrones", resultando la investigación en un fiasco; es decir sin solución. Al respecto no podría aventurarme a precisar en dónde estriba el fallo. Si es que estamos en presencia de una actuación desmañada de parte de agentes de la antigua PTJ, hoy convertida en la DIJ, en la compilación de las pruebas y en el desarrollo de la investigación criminal o todo se origina por la insuficiencia de personal especializado.

Sea como sea, la comunidad sufre viendo cómo estos asesinos se pasean campantes por las calles sin rendir cuenta. Añoramos aquellos tiempos en que aparecían cabizbajos y alicaídos, con una placa en el pecho, confesando sus crímenes ante la prensa nacional.

A mi juicio es en la investigación criminal en donde está el talón de Aquiles del Gobierno en materia de seguridad pública. Solo basta hacer un examen retrospectivo.

La Policía Nacional ha incursionado con fuertes contingentes en las llamadas zonas rojas y ha apresado a bandas enteras, incluyendo a los cabecillas, pero más demora en ponerlos a disposición de las autoridades competentes que en verlos libres. Simple y llanamente un viejo zorro de la abogacía, con brillante fraseología, se agarra de la deficiente investigación para desvincular a los sospechosos de los crímenes que se les imputan. Como ironía ni siquiera pesan agravantes como haber sido sorprendidos en posesión de armas de fuego de dudosa procedencia.

Precisamente, hace semanas en el periódico me encontré con el reporte de dos personas ejecutadas a balazos dentro de un carro en el sector de Coco del Mar. Los días han transcurrido y nada se sabe sobre el autor o autores de este hecho.

Los sicarios escapan con una maestría digna del ingenio de Houdini, ya sin generar la expectación propia de un torneo de ingenio entre el detective de homicidios y el criminal. Esa es la crónica diaria inacabable sobre la que podríamos escribir mucho, pero mejor vayamos al punto adonde quiero llegar. ¿Qué hacer ante el aumento de la criminalidad? ¿Cómo minimizarla?

Mi primera recomendación al Gobierno va aunada a una crítica, a propósito de la presentación del proyecto de ley No. 408, sobre el uso de armas de fuego. Me parece un contrasentido endurecer las disposiciones contra quienes tienen y portan armas de fuego legalmente, mientras nada se hace para endurecer las sanciones por la tenencia y porte ilegal de armas. El Ministro de Gobierno debe centrarse en endurecer las sanciones contra los transgresores y en perseguir hasta con la última gota de su esfuerzo el porte ilegal, para que cada malandrín vea en su revólver o pistola ya no su fuerza, sino algo tan comprometedor como portar cocaína.

La ocasión es buena para hacer otra observación. Me parece genuina la preocupación del Presidente de la República por ofrecer mayor seguridad a los asociados, pero no creo que lo logre nombrando solo policías. Difícilmente un policía de pito y tolete puede aportar experiencia o tecnicismo para desmembrar a las pandillas y a los carteles de la droga o podría sumarse a desentrañar un crimen por encargo o un ajuste de cuentas.

Obviamente, en lugar de policías, el Gobierno necesita tonificar a la DIJ con la incorporación de nuevos detectives y con un personal ducho en el manejo de las bandas y en penetrar lo más dificultoso y recóndito de un crimen. Necesita hombres de la talla de Domitilo Córdoba (forjado en el FBI), Leslie Loaiza, Ramiro Jarvis y otros, quienes podrían servir como timoneles junto con los sabuesos de la antigua DIP, en las investigaciones de alto perfil. Desde mi época de reportero, Córdoba y Loaiza brillaban descubriendo a ingeniosos asesinos por el simple hecho de haber dejado un cabello en la escena del crimen, una fibra de tejido o por dejar una pequeña mancha o residuo de suciedad. En fin, es el momento justo para reestructurar el sistema de investigación criminal y convertirlo en algo fiable y digno de las expectativas de los panameños. Tiene usted la palabra, señor Presidente.