DENUNCIA. SUPUESTA CORRUPCIÓN Y ENCUBRIMIENTO.
Abren proceso a ministro de Gobierno
La procuradora Ana Matilde Gómez dijo que determinará si los hechos denunciados fueron dolosos.
Ayer asumió el cargo, en reemplazo de Aldeano, Emma Tejada, subdirectora de asesoría legal del ministerio. Rafael Pérez G.
rperezprensa.com
La Procuraduría General de la Nación declaró formalmente abierta una investigación, tras la denuncia por supuesta corrupción y encubrimiento presentada contra el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, se informó oficialmente.
El funcionario fue acusado ante el Ministerio Público por Edwin Aldeano, director de la oficina de Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM) –adscrita al Ministerio de Gobierno– de haber prohibido la realización de una investigación a una funcionaria que devengaba un salario en la entidad sin prestar el servicio para el que fue contratada.
Ante la negativa de investigar este acto en Gobierno y Justicia, Aldeano presentó una denuncia ante la Fiscalía Primera Anticorrupción que, el 8 de abril pasado, practicó una diligencia de inspección en las instalaciones de ese ministerio. Al día siguiente, Delgado envió a Aldeano de vacaciones por tres meses. Cinco días más tarde, Aldeano volvió al Ministerio Público, y amplió su denuncia inicial en la que, ahora, acusó al ministro Delgado Diamante de encubrimiento y corrupción de funcionarios.
Ayer, la procuradora Gómez explicó que, debido a que la Fiscalía Anticorrupción no tiene competencia para investigar a un ministro de Estado, el expediente fue remitido a su despacho. "A ese expediente yo le he dado entrada en el día de ayer [miércoles]; he declarado abierta la investigación [...] Habría que determinar [ahora] si en efecto es un acto irregular de aquellos que se pueden considerar dolosos para poder que yo lo investigue o es una situación de carácter administrativo… En esa etapa estoy ahora mismo", dijo Gómez.
La Procuradora se sumó, asimismo, a las voces que solicitan la incorporación en la legislación panameña de la figura de protección del denunciante consagrada en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la que Panamá es signataria.
"El Estado debe dotar a la administración pública de una especie de blindaje hacia aquellos servidores que, por menor jerarquía, al denunciar un acto de corrupción que involucre la administración, pudieran ver en riesgo sus puestos de trabajo", sentenció.
Ayer, Emma Alba Tejada asumía funciones como directora de la oficina del TALM, en reemplazo de Aldeano quien se acogió a tres meses de vacaciones forzadas.
Delgado Diamante ha dicho que no hablará de la denuncia.
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