ASAMBLEA. El proponente afirma que es un derecho adquirido.

Ley para cobrar vieja deuda

El diputado Leandro Ávila opina que la economía es cíclica y que empresas y Go- bierno deben asumir el costo.

Las seis partidas del deci- motercer mes retenidas entre 1989 y 1991 suman más de 80 millones de dólares.

LA PRENSA/Archivo

PLENO. El diputado del PRD Leandro Ávila presentó ayer sus iniciativas en el pleno de la Asamblea Nacional. 1013905

En pleno año preelectoral, el diputado oficialista Leandro Ávila ha presentado al pleno de la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que han sido bien recibidos por sus viejos compañeros de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep).

Uno de ellos propone que el Estado adopte un mecanismo de indexación (índice de datos e informes), al igual que lo hacen países modernos para aliviar la carga económica del pueblo cuando hay inflación.

En el caso de Panamá, que registró en enero y febrero de 2008 una tasa inflacionaria de 8.11% respecto al mismo período de 2007, de adoptarse la ley ese mismo 8.11% de inflación se ajustaría a los salarios de los trabajadores públicos, privados y a las pensiones de los jubilados.

Así, aseguró, se devuelve el poder adquisitivo a la población, pero, además, ayuda a controlar la inflación, "ya que si bien es cierto que el costo del combustible incide en el precio de los productos, también es verdad que muchos comerciantes aprovechan para especular ", dijo.

Según el proyecto, con la indexación, cuando el empresario deba hacer los ajustes salariales como resultado de la inflación, solo aumentará lo estrictamente necesario. Así, el próximo año no se verá obligado a pagar ajustes salariales superiores por el aumento de una inflación "inflada".

Una deuda vieja

Ayer, con una gradería abarrotada de empleados públicos, Ávila presentó su segunda propuesta. La iniciativa contempla que el Estado le devuelva a 120 mil funcionarios y ex funcionarios y a sobrevivientes, las seis partidas del decimotercer mes que fueron retenidas entre 1989 y 1991.

"Como es un derecho adquirido, señaló al pleno, es un derecho inextinguible". Lo cierto es que esta deuda supera los 80 millones de dólares y se busca establecer el compromiso de pago mediante una ley.

Alfredo Berrocal, secretario de la Fenasep, dijo que es comprensible que el Estado no pueda sacar del bolsillo 80 millones de dólares, pero lo que se busca es que se pueda negociar el pago.

A finales de la década de 1990, cuando el Estado privatizó las empresas estatales, se pagaron más de $8 millones a sus ex trabajadores por las seis partidas del decimotercer mes retenidas entre 1989 y 1991.

"Dado que el Estado ya canceló esa deuda a estos ex trabajadores, debe hacerse justicia al resto según el precepto constitucional de que no hay fueros ni privilegios", apuntó.