TAREA PENDIENTE.

Ética en el servicio público

Las informaciones falsas en las hojas de vida de una decena de diputados de la Asamblea Nacional constituye apenas una más de la serie de denuncias bajo el actual gobierno que arrojan evidencias de que éste no solo ha incumplido su compromiso de "cero corrupción", sino que parece que encuentra cómodo y hasta provechoso dejar esta tarea a un futuro gobierno.

Contrario a las expectativas de nuestro pueblo, bajo la era democrática post dictadura hemos tenido casi tres quinquenios perdidos en esta materia, entre sucesivos gobiernos a partir de la terminación del gobierno de Guillermo Endara, en el que hubo un adecentamiento relativo comparado con la dictadura militar.

Cuando en la campaña electoral Martín Torrijos expresó (La Prensa, 4 de abril de 2004) que "el combate a la corrupción no era un eslogan de campaña, sino un compromiso de honor", transmitió un mensaje de esperanza a muchos panameños independientes. Ya en pleno ejercicio del poder reiteró su compromiso ante la Fundación para la Libertad Ciudadana, al prometer que sentaría "nuevas bases y fundaciones de cemento ético y de acero moral para edificar sobre ellas un nuevo país" (La Prensa, 18 de octubre de 2004).

La esperanza de que la promesa fuese honrada se fortaleció cuando signó, el 15 de diciembre de 2004, el Decreto Ejecutivo No. 246, que dictó "el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos". Desafortunadamente, después de poco más de tres años en el poder, la corrupción sigue como antes y la percepción es que se incrementa aceleradamente a medida que se acerca el fin de este gobierno.

Con frecuencia en estos últimos años –igual que en los precedentes– hemos leído de actos de corrupción en todos los estamentos del poder. El Código de Ética lee así en su artículo 3 (Probidad): "el servidor público debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona". A pesar de lo anterior, muchos funcionarios en altas posiciones están aprovechando sus cargos para enriquecerse.

Hace poco, prácticos de tres empresas que prestan servicio en la bahía de Manzanillo mediante concesión otorgada en 1999, denunciamos el tráfico de influencias por un familiar y asesor presidencial, quien obtuvo la licencia de una agencia estatal para prestar dicho servicio, sin satisfacer los más mínimos requisitos exigidos. Al respecto, una disposición del Código de Ética (la No. 43), prohíbe a los servidores públicos "efectuar o patrocinar a favor de terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni celebrar contratos con la administración, cuando tengan vínculos con la entidad o institución en donde se desempeñe". El citado asesor tiene vínculos muy claros con la agencia que emitió la licencia a su favor. Al ser abordado sobre el caso por uno de nuestros asociados, el Presidente respondió que esa era una simple "disputa comercial", ignorando que, aparte de las normas técnicas que rigen la materia y el ordenamiento jurídico vigente, se violaba el Código de Ética que él mismo firmó al iniciar su gobierno.

Abundan denuncias sobre otros actos contra la ética, como el de magistrados que obtuvieron el pago de vacaciones acumuladas, a pesar de que algunos, sino todos, habían disfrutado días de descanso en sitios tan populares como Disney World.

Si revisamos las innumerables denuncias relacionadas con decisiones de nuestro sistema de justicia, vemos que es un secreto a voces que los fallos se compraron como medicinas en botica. Aun en el caso de fallos que tienen aceptación popular, los responsables burlan la ley haciendo caso omiso a dichos fallos y utilizan toda suerte de artilugios para evadir su cumplimiento.

A pesar de lo que puedan decir funcionarios del Estado, en el servicio público impera la corrupción y el juega vivo. Salta a la luz que nuestro país requiere de una cruzada de concienciación popular para que comencemos a elegir a líderes de comprobada solvencia moral. De otra manera, un Código de Ética como el aprobado no será más que letra muerta. La cruzada que proponemos debe ser impulsada por la sociedad civil, pero debe contar, además, con la participación de organizaciones religiosas, clubes cívicos y, por supuesto, del Gobierno. Es imperativo aprovechar la coyuntura que vivimos, cuando los candidatos predican los mejores propósitos, por lo que será fácil comprometerlos. Si no hacemos algo urgentemente, corremos el riesgo de entregar el país a ideologías contrarias al espíritu democrático de nuestro pueblo.