megaproyecto.

Panamarina pide un contrato-ley

LA PRENSA /Archivo

Carlos Llamas, presidente del consorcio Panamarina. 1007556

El consorcio de empresas que integran a Panamarina, desarrollo urbanístico de 2 mil 500 millones de dólares proyectado sobre el mar a tres kilómetros de la comunidad de Veracruz, espera que el Gobierno se comprometa con el desarrollo del proyecto a través de un contrato-ley.

Mediante este contrato, el Gobierno se comprometería a permitir el desarrollo siempre y cuando se cumplan todas las exigencias legales y medioambientales.

"Queremos un compromiso que diga que si el estudio de impacto ambiental es aprobado y todos los requisitos legales se cumplen, el Gobierno va a permitir el desarrollo del proyecto", dijo Carlos Llamas, presidente del consorcio.

Según José Batista, director de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda (Mivi), "antes de aprobar cualquier proyecto, el Ministerio necesita un documento legal de la República de Panamá que asegure la tenencia de ese territorio, aunque sea un relleno en el mar".

Ese documento legal sería el contrato-ley que reclama la promotora, que debería ser aprobado por la Asamblea Nacional. El eventual acuerdo entre el Estado y la promotora sería similar al firmado para la creación del corredor sur por parte de la constructora mexicana ICA.

A través del contrato-ley, el Gobierno permitiría a la promotora rellenar los 2.7 millones de metros cuadrados sobre fondo marino, a cambio de 300 millones de dólares que deberían ser invertidos en la mejora de las infraestructuras de Veracruz.

La comunidad vería la creación de un paseo marítimo, la regeneración de playas, la construcción de un colegio y un hospital, la adecuación de las carreteras, implantación de un sistema de transporte colectivo y la construcción de una urbanización de 2 mil 500 casas. Según Llamas, "ya tenemos la mitad de la maquinaria adquirida para empezar los trabajos, pero necesitamos tener unas garantías".