La cinta costera es más que una solución vial. El proyecto tiene la posibilidad de mejorar significativamente la estética de la ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos, o bien, condenarnos al inhóspito entrecruzamiento de vías de concreto. Se trata de una oportunidad irrepetible para reivindicar el derecho a la bahía, al azul de sus aguas y el verdor de los nuevos parques.

De ser cierto el mandato constitucional que dicta que el bienestar común prima sobre los intereses particulares, este es el momento para rescatar las concesiones de áreas públicas que gobiernos pasados dieron, de formas poco claras, a particulares.

Así como ha ocurrido en Amador y en tantas playas del país, el Estado parece incapaz de reclamar lo que es suyo y pertenece a todos, impávido frente a las vivezas de inversionistas que se acomodan ante la fatalidad de hechos consumados. Ojalá los gobernantes actuales, en posición de revertir abusos pasados, estén a la altura del proyecto que han emprendido.