ESPAÑA.

Hora de pactos

Los resultados del 9 de marzo han determinado que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como la fuerza más votada y con mayor número de escaños, esté obligado a pactar para alcanzar una mayoría estable de gobierno.

Este mecanismo ha formado parte del sistema constitucional desde sus inicios, y conviene que recupere la normalidad que pareció perder durante la anterior legislatura.

Ello no solo exigiría que el Partido Popular (PP) cambiara la manera de desarrollar la oposición, sino también la forma de entender esta tarea. La contumaz pretensión de aparecer como el partido que tenía razón contra todos, unas veces falseando la realidad y otras buscando diferencias incluso donde no las había, le condujo a un aislamiento que no debería prolongarse, ni por activa ni por pasiva, en la legislatura que comienza.

La estabilidad del sistema parlamentario exige que los aliados de un gobierno en minoría no sean sumariamente descalificados, según hizo el PP, como cómplices de una política con la que se disiente, sino considerados como eventual apoyo a una política distinta.

El PSOE, a tan solo siete escaños de la mayoría absoluta, tiene ante sí la alternativa de establecer una política de pactos variables o comprometerse mediante una alianza que se prolongue a lo largo de la legislatura. Por el momento, esta opción resulta difícil con los nacionalistas catalanes, tanto por sus posibles efectos sobre el gobierno de la Generalitat, como también por la situación en la que se colocaría la propia Convergencia y Unión (CiU).

Un eventual acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) necesitaría, por su parte, de otro pacto complementario para alcanzar la mayoría requerida. Pero existirían, además, problemas de más calado: el entendimiento con el PNV solo sería posible despejando el futuro de la consulta que el lehendakari Ibarretxe se propone realizar en octubre.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha sugerido deslindar la negociación entre partidos de la iniciativa del lehendakari. En respuesta, los socialistas han reiterado la oferta de una reforma del Estatuto de Gernika acorde al procedimiento constitucional. Ninguna de las dos posibilidades conjura los principales riesgos para ellos. En un caso, porque dependerían de que Urkullu superase los obstáculos con los que tropezó Imaz y, en el otro, porque pueden confundir a su electorado embarcándose en otra legislatura dominada por la reforma de un estatuto tal vez tan tormentosa como la del catalán.

Más allá de los pactos que deberá concluir el PSOE para lograr la investidura y llevar adelante su programa, hay acuerdos de más amplio espectro que deberían recomponerse. El más urgente es, sin duda, el que debe respaldar la política antiterrorista. ETA ha demostrado en Calahorra que persiste en sus intentos de matar y destruir. El nuevo Congreso debería responder con la unidad que no pudo alcanzar en estos cuatro últimos años. Zapatero quiere forjar un nuevo consenso contra ETA que incluya necesariamente al PNV y al PP. Es un buen primer paso.