LESIONES AL MEDIO AMBIENTE.

Falacias de la seguridad jurídica y la depredación del paraíso

Días atrás un empresario señaló que en nuestro país no había seguridad jurídica para realizar inversiones millonarias en la región interoceánica. Hace un par de años otro empresario adquirió lotes boscosos en el área de Clayton. Las compras fueron refrendadas por las autoridades, y el empresario promovió la construcción y venta de residencias de lujo.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), sin dudar, aprobó los estudios de impacto ambiental. Entonces brotaron las demandas en contra de la venta y desarrollo de esos lotes. Uno de los lotes estaba clasificado como "área verde urbana, no desarrollable según la Ley 21 de 1997, que aprobó el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal, uno de varios planes cuyo diseño costó millones de dólares en préstamos al país, que todavía se están pagando. Cabe preguntar: ¿cómo entonces vendieron estos lotes para desarrollarlos?

Entre los años 1997 y 1999, la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), con el Ministerio de Vivienda (Mivi) cambió el ordenamiento territorial del área del Canal, sin hacer las consultas públicas para vender o asignar las áreas boscosas no desarrollables y de amortiguamiento de áreas protegidas, como el Parque Nacional Camino de Cruces. El Mivi emitió resoluciones avalando esos cambios contrarios a la Ley 21 de 1997, que exige otra ley con consultas públicas en la Asamblea Nacional para poder variar esos usos de suelo.

En una de esas resoluciones, de inicios del año 2000, en Clayton se cambiaron las áreas verdes urbanas boscosas no desarrollables a lotes residenciales y mixto–comerciales.

Luego de la reversión, respondiendo a la sed insaciable de los desarrollistas y de sus agentes –como los que odian las garitas de las áreas revertidas– la ARI vendió esos lotes boscosos.

Los residentes de Clayton y otras áreas empezaron la batalla contra esas ventas ilegales. La Corte Suprema detuvo, provisionalmente, el desarrollo en esos lotes boscosos. Pero la Asamblea Nacional respondió con un madrugonazo, entre el 30 y el 31 de diciembre de 2006, aprobando la Ley 12 de 2007, para "legalizar" esas resoluciones ilegales del Mivi y para que los empresarios pudieran seguir con sus proyectos inmobiliarios en sitios en los que por ley no deben ser desarrollados, todo con pleno conocimiento del Ministerio de Vivienda y sus máximas autoridades actuales, de la Anam que otorgó permisos para la tala, y de Ingeniería Municipal que autorizó los permisos de construcción.

Hoy el empresario tala felizmente, como marabunta, el lote boscoso, mientras otros empresarios promueven en ese mismo lugar, a través de internet, un ominoso proyecto de 14 torres de apartamentos vidriados de 12 pisos, lo que viola el carácter de "ciudad jardín de Clayton".

¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Acaso solo rige para unos pocos empresarios, pero no para los ciudadanos comunes que defienden el orden jurídico? ¿Por qué se quejan los empresarios desarrollistas de inseguridad jurídica? ¿Dónde quedó su famosa "responsabilidad social empresarial" ante tanta venta y asignación en la región interoceánica viciadas de ilegalidad? ¿Por qué la Corte Suprema no hace valer la Ley 21 de 1997 y suspende de inmediato la Ley 12 de 2007 y todas aquellas resoluciones ilegales, que no solo son contrarias a la primera sino también a la Constitución, además de que lesionan el interés social y el capital natural de la nación? ¿Es la seguridad jurídica otro cuento de hadas de las autoridades actuales para legalizar la depredación de nuestro "paraíso"?