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Panamá, jueves 20 de marzo de 2008
 

FARISEOS CONTEMPORÁNEOS.

Políticas públicas sociales

1000659Roberto A. Pinnock

Ahora que estamos en los días en los que nuestra cultura cristiana recomienda una actitud más reflexiva que de costumbre, retomo una máxima que alude a la importancia de servir al ser humano en sus necesidades por encima de las normas creadas por hombres, aun cuando sean religiosas. Me refiero a las curaciones que Jesucristo hizo en día sábado, siguiendo un principio formulado ya en el Antiguo Testamento ("Porque me gusta más el amor que los sacrificios". Ver: profeta Oseas, 6,6) cuando la norma judía religiosa estimaba no efectuar ninguna sanación ese día en el que se honraba y se hacían "sacrificios" a Dios. (ver Mateo 12, 1-13).

Este principio de misericordia Vs. las normas jurídicas, en nuestra época llamadas "democráticas", aún sigue en el debate en nuestro país y se repite el "fariseísmo" en buena parte de nuestra clase política, en la empresaria, en líderes de todo tipo y hasta en ciertos fomentadores de "valores morales" o "religiosos".

Esto lo observamos, por ejemplo, en la inacción que proponen los defensores de las normas de la "libre competencia" cuando el Estado se ha planteado en no pocas ocasiones importar directamente medicamentos u otros bienes básicos a menores precios, con lo que obligaría a los especuladores criollos (por cierto algunos de ellos aspirantes a la Presidencia de la República y otros a puestos de elección popular) a tener que reducir sus sobreprecios que actualmente amparan en las alzas del petróleo.

Es decir, estos señores alejados de una verdadera responsabilidad social empresarial prefieren el sacrificio a la misericordia; ¿el resultado? Un deterioro galopante de la calidad de vida del panameño común por el alto costo de la canasta básica familiar.

Otra evidencia del espíritu farisaico, la vemos en el ataque permanente a cada iniciativa gubernamental o de sectores sensibilizados de la sociedad civil que buscan superar problemas de inseguridad ciudadana o del ejercicio de derechos sociales (principalmente, acceso a una salud y educación de calidad).

No es otra cosa lo que se refleja cuando todavía estamos enfrascados en discusiones bizantinas sobre si integramos o no los servicios de salud, porque hay quienes asumen que la CSS cargará con el Minsa, aun cuando no se ha definido formalmente cuál será el mecanismo de financiación. Pero lo que aparece exagerando lo absurdo es el debate ideologizado (contrario a lo que recomendó el obispo Ulloa días atrás a quienes aborden este tema) de si la ley sobre derechos sexuales y reproductivos va a convertir a los adolescentes en una legión de fornicadores y abortistas, como si este comportamiento estuviera determinado por una norma legal más que por la deformación de no pocos programas de las televisoras comerciales, del internet, de centros de fomento de vicios y violencias tales como un reconocido pub y ciertas "parrilladas", jardines y discotecas insanas, entre otras fuentes de enviciamiento harto conocidas.

En fin, lo saludable aquí sería que dentro de las propuestas que procuran llevar a la práctica políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los panameños se permita avanzar en aquello que es inobjetablemente un paso adelante para el desarrollo humano y seguir debatiendo aquello que no alcanza el consenso; pero no descalificar la totalidad porque una parte de lo propuesto no cuadra dentro de determinado sentir o interés de grupo. Esto es fariseísmo puro.

El Estado, por su parte, no puede deshacerse de su papel constitucional de garantizar que prevalezca el interés social frente al particular, menos aun cuando los costos se revelan cada vez más elevados, en virtud de que se atienden los problemas educativos y de salud en sus efectos, al no prevenirlos con anticipación.

Así, atender a los infectados del VIH–sida hoy supera los 50 millones de dólares anuales, y al 2011 esta cifra estará por encima de los 90 millones de dólares. Atender a nuestros menores abusados sexualmente, junto a los abortos y embarazos en adolescentes de nuestras clases menos pudientes, representa poco más de ocho millones de dólares anuales, con el agravante de que siguen creciendo las cifras debido a la ausencia de una adecuada educación en sexualidad (que es inminente llevar a las escuelas y a los barrios, eso sí, atendiendo a todas sus dimensiones de manera gradual: biológica, afectiva y espiritual) y todo esto porque todavía hay quienes se oponen a que se hagan efectivas las políticas públicas que pueden atacar los problemas previniéndolos oportunamente, requiriendo para esto, menos de la cuarta parte de lo que hoy cuesta atender sus efectos.

Al poner en práctica con firmeza este tipo de políticas se estaría siendo coherente con el principio cristiano del amor (misericordia) aunque ello implique contravenir los intereses y statu quo de los fariseos contemporáneos.

El autor es sociólogo especialista en educación, salud y gestión ambiental
© 2007. Corporación La Prensa. Derechos reservados.
 
 
 
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