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Panamá, viernes 14 de marzo de 2008
 

SISTEMA PENITENCIARIO.

Privados de libertad sin derechos: James Louis Cavallaro y María Luisa Romero

James Louis Cavallaro y María Luisa Romero

Hace una semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró, en una audiencia pública, la extensa información sobre las condiciones deplorables en las que vive la mayoría de las personas privadas de libertad en las cárceles superpobladas del país. Tres organizaciones (dos entidades de derechos humanos panameñas, la Comisión de Justicia y Paz y el Centro de Iniciativas Democráticas, y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard) presentaron una descripción detallada sobre las múltiples maneras en que el Estado panameño incumple su responsabilidad de garantizar los derechos a los privados de libertad. Los problemas que enfrenta el Sistema Penitenciario incluyen un alto nivel de encarcelamiento, una gran cantidad de detenidos sin condena, hacinamiento, abusos mentales y físicos, desigualdades, y carencias de agua, servicios sanitarios, camas y atención médica.

Estos problemas fueron todos ampliamente documentados en un informe de 154 páginas, basado en una investigación de 18 meses, reuniones con autoridades y varios días dentro de siete centros de detención, donde un equipo de la Clínica de Harvard entrevistó a cientos de detenidos y observó de cerca las condiciones en las que viven (el informe está disponible en: http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Lanzamiento_hoy_carceles_de_Panama.pdf.

Dos días antes de la audiencia en Washington D.C., la Clínica de Harvard presentó este informe en una mesa redonda en Panamá. En esta discusión participaron representantes tanto de la sociedad civil como del Gobierno, incluyendo el director general del Sistema Penitenciario, Luis Gordón.

Resultó interesante que tanto en la mesa redonda en Panamá, como en la audiencia en Washington, las autoridades panameñas no intentaron negar las conclusiones claves del informe: que las condiciones para la mayoría de los privados de libertad son infrahumanas, que hay desigualdades preocupantes en el sistema y que se carece de una política estatal que responda, de forma adecuada a los retos presentados. Ciertamente el director Gordón enfatizó los esfuerzos llevados a cabo por la institución a su cargo y los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores insistieron en que las autoridades hacen todo lo posible para respetar los derechos humanos de los detenidos. Pero, afortunadamente, el Estado no intentó negar categóricamente nuestras conclusiones. Además, tanto Gordón como los representantes del Estado en Washington aseguraron que mantienen relaciones transparentes con la sociedad civil panameña, así como con instituciones internacionales.

Ser transparente, sin embargo, requiere más que aceptar lo que es claramente cierto. Significa aceptar el monitoreo experto de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana, así como también promover una participación activa, tanto de las autoridades como de la sociedad civil, en la búsqueda de soluciones. En la audiencia en Washington, las organizaciones de la sociedad civil recomendaron que la Comisión Interamericana realice una visita in loco para inspeccionar las condiciones dentro de los centros penitenciarios panameños. En este contexto, cabe destacar que durante la Asamblea General de la OEA celebrada en Panamá el año pasado, varios Estados se mostraron receptivos ante la solicitud presentada por el entonces presidente de la Comisión Interamericana y actual relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Florentín Meléndez, de que los gobiernos formulen una "invitación abierta y permanente" a la Comisión Interamericana para que ésta pueda realizar visitas a los Estados miembros.

En los próximos días, un grupo de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales enviarán una carta abierta al canciller Samuel Lewis Navarro, en la que se reitera esa solicitud hecha en la audiencia en Washington. Hasta la fecha, por lo menos ocho Estados latinoamericanos han abierto sus puertas para recibir al relator Florentín Meléndez. La Relatoría proporciona un entendimiento experto sobre las dinámicas dentro de los centros de detención, así como la capacidad de trabajar junto con Estados para desarrollar programas que promuevan el respeto a los derechos de los privados de libertad. Una visita de la Comisión Interamericana brindaría a Panamá una oportunidad para coger el toro por los cuernos y corregir un grave problema de violaciones de los derechos humanos que afecta al país, a pesar de sus compromisos internacionales y con su ciudadanía.

Eso es, claro está, al menos que Panamá tenga algo que esconder.

El autor es profesor de derecho de Harvard y la autora, miembro de la Clínica de Derechos Humanos de esa universidad.
© 2007. Corporación La Prensa. Derechos reservados.
 
 
 
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