La transparencia en la información de las donaciones a campañas electorales es una condición fundamental para eliminar cualquier suspicacia que gire en torno a quién, por qué y a cambio de qué se contribuye económicamente con alguna candidatura.

La escandalosa suma de dinero que se ha gastado en publicidad electorera –solo en los dos primeros meses del año, sin haber pasado aún las elecciones primarias de los principales partidos políticos del país– es una pequeña muestra de los millones que danzarán a lo largo del territorio nacional, con un solo objetivo: la silla presidencial. Y el problema no lo constituyen las contribuciones en sí, sino que históricamente se ha visto como una forma de pago a cambio de la futura protección de intereses particulares cuando el candidato alcance el poder.

Nuestro sistema político debe ir madurando y modernizándose hasta lograr una legislación electoral que imponga los controles necesarios para hacer de las contiendas un debate de ideas y propuestas, en vez de una repartición de regalos y favores.