CRÍMENES SIN FRONTERAS.

Imperativos de la cooperación judicial

Hace algún tiempo observaba en Caracol Internacional un mensaje disuasivo que presentaba un féretro con una advertencia alarmante a la sociedad colombiana sobre la suerte que corren quienes se vinculan al narcotráfico por el dinero fácil, una sentencia elocuente y subliminal para persuadir que el crimen no paga. Mientras los medios nacionales revelan un creciente número de personas ajusticiadas y desmembradas, generalmente vinculadas al narcotráfico tanto nacionales como colombianos; así como las acciones delictivas de bandas que se disputan territorios, lo que nos indica la importancia de crear campañas preventivas y disuasivas destacando que el delito produce desgracia y tragedia en quienes piensan, ilusoriamente, que asociarse a una empresa criminal genera ganancias fáciles.

Nuestra condición de país de transito nos convierte en un eslabón débil en la cadena de la lucha contra el narcotráfico, el trafico de armas y las incursiones de grupos armados que amenazan la seguridad del país. Un reto que plantea para la sociedad panameña monumentales esfuerzos en todos los órdenes de la actividad social, cultural, legal, gubernamental y estatal, que solo es posible revertir con programas de prevención y reinserción de nuestros jóvenes adolescentes.

Panamá se enfrenta a grandes retos en el ámbito de la seguridad en el siglo XXI, cuando el narcotráfico y los delitos asociados como el lavado de dinero y el trasiego de armas se perfilan como nuevas amenazas a la democracia y la seguridad pública, cuya preservación cuesta en términos sociales y económicos, precisamente porque los gastos presupuestarios en materia de seguridad están más allá de lo que parece estar dispuesta a encarar la sociedad panameña.

El crimen internacional no tiene fronteras, por tanto, precisamos invertir en materia de seguridad para generar con previsión condiciones de estabilidad democrática, dotando de mayores recursos a las instituciones responsables de velar y garantizar la seguridad de la población y de las infraestructuras económicas del país.

Las reformas introducidas en la legislación penal y procesal son consistentes con las normas jurídicas internacionales en la tipificación de los delitos transnacionales en sus diversos aspectos de financiación, asegurando el enjuiciamiento, la asistencia en las investigaciones y procedimientos penales en el marco de las buenas prácticas de cooperación internacional y en el intercambio de información operacional.

En el marco normativo convencional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (Cicte) de la OEA y demás acuerdos de cooperación judicial son herramientas versátiles en el diseño de estrategias de inteligencia para reprimir el crimen internacional. Mientras la cooperación interfronteriza con Colombia y Costa Rica coadyuvará a la articulación de respuestas adecuadas y legítimas en la represión de la delincuencia internacional, construyendo y consolidando un espacio de seguridad para seguir proyectando un clima de estabilidad en el progreso social y económico de un país inmerso en magnas inversiones como la ampliación del Canal, el auge inmobiliario y la construcción de la autopista Panamá–Colón, entre otros.