2:49 p.m. - QUITO, Ecuador (AP). -"Ecuador considera inviable" mantener el contrato con la petrolera estadounidense-panameña City Oriente, dijo hoy lunes el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga.

El ministro reconoció que en el caso de City Oriente "no será posible renovarlo (el contrato) porque la situación es inviable desde el punto de vista técnico y financiero", según declaraciones citadas por un comunicado de la presidencia.

"Estamos con ellos (con la empresa) marcando la posibilidad de que demos por terminado ese contrato de mutuo acuerdo estableciendo un procedimiento consensuado, con asistencia técnica suficiente para que ese proceso de terminación del contrato cause los menores impactos posibles", afirmó.

Ningún representante de City Oriente estuvo disponible para comentar de inmediato esa declaraciones.

City Oriente explota el Bloque 27, cerca de la frontera con Colombia, de donde extrae alrededor de 3 mil barriles de crudo al día.

La actual administración se encuentra renegociando los contratos que mantiene con cinco petroleras extranjeras con el fin de modificar las condiciones de trabajo y mejorar los ingresos para el Estado.

"Tenemos ya varias propuestas específicas de las empresas petroleras en cuanto a niveles de inversión, de producción y los informes de cada una de las comisiones en términos de qué va obtener el Estado en beneficio adicional a los contratos anteriores", aseguró Chiriboga.

El gobierno inició el 21 de enero conversaciones por separado con las compañías brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol-YPF, la francesa Perenco, la china Andes Petroleum y la empresa de capitales estadounidense y con sede en Panamá, City Oriente.

El Estado ecuatoriano y City Oriente mantienen una disputa legal por el reparto de ganancias petroleras, a raíz de que Ecuador estableciera una ley para dividir 50-50, los recursos adicionales provenientes de la venta del petróleo a altos costos en el mercado que no estaban contemplados en los contratos originales.

Esa disposición legal fue aprobada en 2006, pero en 2007 el gobierno del presidente Rafael Correa estableció un nuevo reparto de 99-1, a favor del Estado.