CIUDADANOS Y GOBIERNO.

Rayos equis para el istmo

En tiempos donde se ondea la bandera de la discapacidad, todavía nos tropezamos con inmensas barreras que nos impiden seguir avanzando. Si hiciéramos una radiografía de la nación, podríamos ver un pequeño territorio afectado por la desigualdad, donde el PIB indica un crecimiento privilegiado en la región, pero donde en realidad el 45% de la población vive en situación de pobreza. Y para hacerse apenas una idea, no es más que dar unos pasos por el clásico barrio de El Chorrillo, a unos cuantos metros de la Presidencia.

Los indicadores de desarrollo no alcanzan a medir el desigual reparto de la riqueza, ni de la educación o la salud. Después del escándalo de las víctimas por envenenamiento por dietilenglycol, oigan bien, un solvente para maquinaria automotriz y limpieza, Panamá compartió titulares junto con Haití y Bangladesh, entre otros. ¿Pero a cuál Panamá se refieren, si según la mayoría, todo va bien?

Frente al Palacio de las Garzas desfilan con frecuencia distintos grupos, todos en un intento por hacerse escuchar, y resolver una situación que se les sale de las manos. Sin contar el gran grupo invisible, que también sufre, pero que no tiene ni la fuerza, ni los medios, para movilizarse, o hacerse entender, pues están demasiado ocupados en sobrevivir.

Recientemente, miles de panameños ejercieron su derecho de protestar en las calles. Porque no cuentan con ninguna garantía de las condiciones mínimas de seguridad laboral. Luego de innumerables muertes injustificadas, de desapariciones trágicas y sin sentido que hubieran podido prevenirse, y que continúan, como si nada, es normal que los trabajadores protesten, pues es su vida la que está en juego. Y en cualquier país, al menos, les hubieran dado la oportunidad de hablar. Los representantes de las autoridades nacionales, en medio de esa lucha, solo reflejaron la mala estructura de capacitación y formación que existe en el orden público. Cuando alguien con uniforme estatal tira una bala, por sorpresa, y por detrás, matando a una persona que protesta por sus derechos, ¿en quién recae la responsabilidad de semejante acto? ¿No se supone que los cuerpos policiales deben velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos? Yo no puedo guardar el silencio frente a tal acto y esperaría por parte del Gobierno, la garantía de la protección ciudadana. En los cuarteles de la nación se detiene a miles de trabajadores, y se les sanciona sin pruebas y sin derecho a un abogado, con altísimas multas. ¿En quién recae la responsabilidad? Los trabajadores se presentaron ante su democracia, según sus propias palabras, "para hacer sentir el clamor popular, la sed de justicia del pueblo, el rechazo al aumento del costo de la canasta básica familiar y los salarios miserables; y exigir un alto a las muertes de obreros en la construcción". Cuando el pueblo se tira a la calle, y se moviliza, es porque realmente tiene algo que decir. Si no, recordemos los tiempos de la Cruzada Civilista. Y en estos tiempos hacer protesta es un prueba de valentía y de coraje, pues mientras se aguanta sol, o lluvia, con la esperanza de lograr un cambio, no se tiene derecho a recibir ni un solo centavo de remuneración. Y cada cuarto de dólar pesa cuando apenas se gana un salario mínimo. Y seamos serios, el salario mínimo no es siempre el salario mínimo.

Los trabajadores afirman que algunos "grupos privilegiados vienen ejecutando un conjunto de políticas que condenan al hambre y a la miseria a vastos sectores de la sociedad e imponen un conjunto de proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, que atentan contra el ecosistema y la vida de numerosas comunidades campesinas e indígenas". Si esto es verdad, le corresponde a nuestro gobierno hacer todo lo que está en su poder para cambiar esa lamentable realidad que se vive actualmente.

La violencia se incrementa a pasos agigantados, mientras que la corrupción expande sus tentáculos. Y esto es simplemente la consecuencia visible de una dinámica que se instaura. Y puede ser el comienzo o el fin; dependerá de la voluntad política de nuestro gobierno. Pero todo va bien, según dicen los reportes. Recordemos que nuestros dirigentes fueron elegidos para representar los intereses de sus ciudadanos. Y que se les paga para eso.

Desde el año 2006 se intenta encontrar soluciones para el tema de la salud, pero parecen no encontrar las herramientas indicadas, para lograr una solución, a largo plazo y de manera duradera. La privatización, quizás sea una opción paliativa, pero no es una opción para el desarrollo. En los últimos años hemos visto cómo las telecomunicaciones, la producción y la distribución de la energía eléctrica han pasado a manos de empresas extranjeras y los ciudadanos nos hemos visto obligados a pagar altísimas tarifas, sí hay que recordarlo, por lo que nuestro propio suelo produce.

El sistema de transporte, además de entorpecer la dinámica productiva de la ciudad capital, de contaminar el ambiente de manera exagerada, no resuelve las necesidades reales de las decenas de miles de ciudadanos que dependen de él. ¿Hace cuánto tiempo se discute sobre ello? ¿En quién recae la responsabilidad de tomar todas estas decisiones, para el beneficio de todos, de manera permanente, y sin poner los amiguismos sobre la mesa? ¿No deberíamos acaso discutir sobre temas más globales, como desarrollo sostenible, reducción de emisiones de carbono, investigación científica de punta, justa repartición de la riqueza, o de otros tantos temas actuales para la mayoría de nuestros países vecinos, y que a nosotros nos llegan como un eco apenas audible? Como ciudadana panameña, me pregunto con frecuencia, ¿dónde estamos los panameños?