Cada vez que los panameños –sobre todo los de clase media– reciben su quincena, el gran porcentaje de ingresos que el Estado deduce en impuestos los hace sentir impotentes. Y no es para menos, pues aunque la carga impositiva es altísima, solo basta con salir a la calle para confirmar que ese dinero no pareciera destinarse a mejorar las condiciones sociales ni la infraestructura básica del país.

Salud, educación, transporte, seguridad; solo para mencionar algunos renglones que –con el actual nivel de recaudación– ya deberían mostrar mejoras significativas. Es obligación ciudadana exigirle al Gobierno la rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos, y este tiene la obligación de ser transparente, aunque sea en temas tan banales como los gastos del Carnaval.

Estamos en un año preelectoral, lo que acentúa aún más la obligación del Gobierno de rendir cuentas, pues también aumentan las tentaciones de politiquear con fondos públicos. Los panameños ya están siendo bastante solidarios con sus tributos; ahora le corresponde al Gobierno hacer buen uso de estos.