DEUDA CON LA SOCIEDAD.

Delincuencia y seguridad pública

La ola de delincuencia que recorre todo el país y más recientemente el homicidio de un funcionario de la Alcaldía de Panamá, supuestamente, con la participación de menores de edad, ha puesto nuevamente sobre el tapete la propuesta del aumento de las penas a los menores infractores, aumento de las penas de los delitos graves que, dicho sea de paso, ya fue efectuada hace poco más de un año cuando se discutió en la Asamblea Nacional el Código Penal.

La experiencia internacional y propia ha demostrado que el incremento de las penas de forma unilateral no es un mecanismo idóneo para combatir la creciente actividad delincuencial. Estos hechos son mucho más complejos y ameritan ser estudiados de manera integral, porque en muchos casos son producto del drama social y falta de perspectiva que vive hoy la juventud y la sociedad panameña en su conjunto.

La verdad es que el Estado, en materia judicial, está en deuda con la sociedad y así lo revelan las cifras. En los tribunales de justicia reposan alrededor de 41 mil expedientes y la mitad de los más de 12 mil privados de libertad no han sido procesados.

Y a pesar de la percepción de parte de la ciudadanía de la intervención creciente de menores en crímenes atroces como homicidios, la realidad es que en la comisión de este tipo de delitos solamente un 4% es atribuible a menores, independientemente de que los homicidios subieron 18.1% al pasar de 263 casos en 2006 a 429 en el 2007, la inmensa mayoría fue perpetrado por adultos.

Es cierto que la delincuencia en general ha aumentado en los últimos años, lo mismo que han proliferado las organizaciones criminales (pandillas) cuya dinámica operativa responde básicamente a la actividad local del narcotráfico.

Por ejemplo, seis delitos: hurtos, robos con armas, homicidios, casos de tráfico y posesión de drogas y violencia doméstica constituyen el 57.3% del total de los delitos cometidos el año pasado; sin embargo, las transgresiones que presentan un mayor incremento son las de violencia doméstica las cuales pasaron de mil 555 en el 2006 a 3 mil 531 en el 2007, lo que representa un aumento de más del 100%.

Solo en el mes de enero del 2008 se han perpetrado 40 homicidios, es decir, más de uno por día, lo cual refleja que los organismos encargados de proteger la integridad personal, bienes y honra de los asociados se muestran ineficaces y hasta incompetentes frente a la delincuencia común, el crimen organizado y la violenta actividad de las bandas rivales.

De manera que el combate frontal al tráfico y consumo de drogas, a la mora judicial, la impunidad y el desfasado sistema penitenciario que convierte a los recintos carcelarios en "universidades del crimen" son algunos de los problemas complejos que deben ser abordados por las autoridades con el concurso de la sociedad civil, particularmente el núcleo familiar y las iglesias.

De allí la importancia que el gobierno y la sociedad civil diseñen una política criminal, en términos de una agenda de Estado surgida del debate y consenso nacional. La seguridad pública como responsabilidad del Estado debe ser integral y atender el carácter preventivo (programas sociales y de inteligencia policiva), represiva (eficiencia y coordinación de los estamentos de seguridad pública o policivos) y de resocialización (modernización del sistema penitenciario).