SEGURIDAD CIUDADANA. La política criminológica debió adoptarse en 2006.
Las dos ‘manos’ que fracasaron
Han pasado tres años, y la promesa del gobierno de reducir la inseguridad ciuda- dana no se ha cumplido.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia recomendó una serie de acciones de política criminológica al gobierno.
| LA PRENSA/Archivo |
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| ¿Y AHORA QUÉ?. La policía también se pregunta cuál es el siguiente paso de la delincuencia.983876 |
José Quintero De León
jquintero@prensa.com
Desde su ascenso al poder en 1999, la ex presidenta Mireya Moscoso prometió "mano dura" contra los criminales que ya hacían su agosto. Dos años después creó una comisión intersectorial de alto nivel para dictar medidas que frenaran el crimen en las calles, las cuales se anunciarían en 90 días, lo cual nunca se dio.
La situación siguió creciendo y a pocos días de dejar el cargo, la ex mandataria replanteó un plan "mano dura" que fue visto como una acción para mejorar la imagen de un gobierno que no logró sus mejores frutos.
Ya en sus discursos electorales el presidente, Martín Torrijos, afirmaba su preocupación por el nivel de criminalidad existente, y prometía una solución, pero de forma integral.
Tras pocos días de asumir el cargo instauró el proyecto "mano amiga", el cual desconocía lo actuado por su antecesora y buscaba tejer una alianza con los jóvenes.
Han pasado casi tres años y medio de mandato y el propio gobierno se ha replanteado la "mano amiga" en medio de la ola de delincuencia.
No obstante, el problema es más complejo porque implica menores que delinquen, mafias extranjeras y violencia intrafamiliar. La Alianza Ciudadana Pro Justicia remitió al presidente Torrijos, el pasado 31 de enero, un plan que contiene acciones de política criminológica para enriquecer los esfuerzos del gobierno con miras a frenar la crisis.
Tanto el soslayado Pacto de Estado por la Justicia, como la Concertación Nacional han insistido en que el gobierno debe adoptar una política criminológica de Estado.
Este, dice la Alianza, es el instrumento adecuado para desarrollar las políticas para prevenir y reprimir el delito, sin improvisación, y sustentada en una herramienta científica.
Considera la Alianza que debe crearse un ente rector de la política criminológica, adscrito a Gobierno y Justicia, pero con presupuesto y autonomía propias.
Este plan recomienda acciones de los entes de justicia para perseguir y reprimir el crimen, y acciones preventivas a corto y mediano plazo en la familia y la comunidad.
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