DERECHO CIUDADANO.

Protestas y represión policial

Una vorágine de hechos hacen temblar los cimientos del país. La "democracia" está en peligro, podríamos decir que una "dictadura civil" se arma y confabula contra todo lo que surja como opción popular ante la hecatombe económica–social. No es una teoría paranoica, es un análisis de los puntos que paso a explicar. La Ley 69 del 27 de diciembre de 2007 es la manifestación más fehaciente. Una ley que autorice a la Policía Nacional (brazo armado del establishment) a investigar los delitos, crear archivos de los ciudadanos –en un tipo de control para identificación (cuasi fascista)– y encima decir que el organismo creado para estos asuntos queda "(…) dentro de la Policía Nacional(…)" (capítulo primero, artículo primero), no es otra cosa que el dominio de las instrucciones judiciales para controlar esas funciones a favor del Ejecutivo o, por lo menos, con una insuperable ventaja.

Por mandato constitucional, la Policía está a órdenes de la Presidencia (y por supuesto con la versión del aparentemente Montesinos panameño, mejor conocido como Triple D). ¿Cómo se justifican estas nuevas funciones, sino para crear un Estado policiaco y represor? Eso huele a dictadura, seamos claros: además de ser abiertamente inconstitucional, la Procuradora ya ha denunciado múltiples actos por parte de la Policía, a los que yo agregaría extralimitación de funciones, dejar al funcionario de instrucción sin ninguna función e imponer el rango policial por encima de la competencia del Ministerio Público.

No solo están incapacitados para las funciones que les da la DIJ, sino que militarizan las diligencias (allanamientos, detenciones etc.), hecho que es peligroso en un Estado que se hace llamar "de derecho"… más bien, empieza a ser "de derecha" y de la más fascista. ¿Será que se está reestructurando el DENI?

La represión de los funcionarios de la CSS el 11 de febrero y, en menos de un año, la muerte de tres obreros de la construcción, el último, de la forma más cobarde, vil y despiadada, de un tiro por la espalda, al parecer responde a la orden dada en contra del movimiento popular. Lo más triste es que a un obrero, un trabajador o un estudiante que tira piedras, le dan "plomo" (como decía Noriega en sus peores tiempos), no así a los maleantes que roban, matan y violan. ¿Será que la orden no es contra las bandas, sino contra los sindicatos, movimientos, asociaciones y estudiantes que no se prestan para los juegos de la partidocracia o gobierno y sus respectivos intereses?

En la televisión, en un programa de opinión, un diputado PRD (calificado de traidor del movimiento obrero, término que no comparto pues no es traidor quien nunca estuvo a favor del obrero) justificaba el homicidio del obrero en Colón, diciendo que había proyectos políticos detrás de las protestas. ¡Que argumento más patético y mediocre! Es que solo admiten los proyectos políticos de sus cúpulas electoreras carcomidas por la corrupción y el gangsterismo. Es más, recordamos a un flamante "dirigente" (vinculado al gobierno) de una coordinadora de trabajadores amenazando a un médico en la mesa de concertación por la Salud, a nuestro amigo, el doctor Emmanuel García, dirigente "incomprable" de la Comenenal, opositor a la privatización de los servicios de salud. O sea que el maleantismo es parte de las políticas paramilitares en contra de los movimientos sociales que no apoyan al gobernante de turno. Esto huele a dictadura.

Sumado a la poca capacidad o poco interés gubernamental de responder a las necesidades de la población, el aumento desmesurado de la canasta básica, las alzas del combustible, el interés de aplicar a tambor batiente la privatización, unificación u otro término rebuscado en lo concerniente a salud, el siniestro TLC o TPC, como quieran llamarlo, una ampliación del Canal que -si bien, es cierto, electoralmente obtuvo los votos a favor del "sí"– no ha repercutido en beneficios concretos a la población, la falta de respuesta en materia de transporte público y de la seguridad a la que hacíamos alusión, hace que en este país se viva un terrible caos.

Los agentes policiales son víctimas de las mismas condiciones que aquejan al pueblo, pues hace años se les prometió un aumento salarial que aún esperan, esto les pasa por no estar organizados como gremio. ¿0 será que el Ejecutivo no puede permitir este tipo de discusiones en su aparato represivo?

¿Qué está pasando en este país? La "oposición" aparece cada cinco años a conversar sobre lo negativo del gobierno y canalizar el descontento popular en simples votos que solo cambian los nombres de quienes ocupan los puestos, pero mantiene la política neoliberal que ha fracasado como modelo económico y va en detrimento del pobre y de la destruida clase media en los países latinoamericanos. Se dice que detrás de las protestas hay un "proyecto político", claro que debe haberlo, ninguna persona que esté clara en sus principios y valores básicos debe temer dar una respuesta organizada y electoral ante toda esta triste realidad que daña al país. No hay que temer a la opción electoral como vía para enrumbar el Estado, darle un norte amplio y democrático, que verdaderamente llegue al pueblo. Miedo debe tener la clase que controla el poder político, que ve la posibilidad de una opción fuera de sus viejos esquemas y "trances" históricos para hacerse millonarios a cambio del hambre popular. Si la respuesta estatal ante algún tipo de organización es este tipo de asesinatos selectivos, no queda otra alternativa que cerrar filas para defender las pocas libertades políticas del país, No podemos permitir que se llegue a estos niveles de violencia política.

Pareciera que la política estatal se encuadra en favor de la permanencia del sector civil gobernante, como en los mejores tiempos de Alberto Fujimori, en el Perú de 1990, cuando se liquidó la organización sindical y demás movimientos opositores de clase. De ser así, esto huele a dictadura.