LECCIONES.

La DIJ y la competitividad

La destacada historiadora Patricia Pizzurno nos recordó a todos, en un valioso artículo publicado en La Prensa el 24 de noviembre de 2006, que una de las varias lecciones que la historia nos da, a propósito de situaciones de bonanza económica transitoria por las cuales Panamá ha pasado previamente, tales como la construcción del Canal o la II Guerra Mundial, es que en todos esos casos se repitieron ciclos de prosperidad, crecimiento demográfico en la zona de tránsito, inflación y pleno empleo, seguidos de depresión y crisis sociales.

Una visión prudente de la actual realidad frente al tema de la ampliación del Canal y las excelentes cifras macroeconómicas de 2007, nos indica que la etapa positiva del ciclo económico que vivimos, vista con perspectiva histórica, también nos debería servir para prepararnos para tener la capacidad de resistir cuando lleguen los momentos en que la bonanza se acabe. Lección similar se puede tomar del contexto latinoamericano, donde –según la Cepal –pese a que 2007 fue el quinto año consecutivo de buen crecimiento regional, existe un riesgo a largo plazo debido a que la región no está haciendo lo suficiente para mejorar la competitividad sistémica.

En síntesis, los tiempos de "vacas gordas" también deben ser de preparación para la época de "vacas flacas" y tal preparación pasa por el fortalecimiento de la competitividad del país. Sobre el particular, el editorial del pasado 23 de diciembre del diario madrileño El País, llamaba la atención sobre los denominadores comunes de las economías que estaban en los primeros lugares del ranking mundial de competitividad, destacando su prolongada inversión en el capital basado en el conocimiento, la mejora continua de sus instituciones, una disminución considerable de las diferencias sociales mediante garantías para la igualdad de oportunidades y un Estado eficiente colaborador de la empresa. Para los efectos de este artículo, resaltamos la importancia que en esta ecuación tiene la mejora continua de las instituciones.

El tema institucional es de fundamental impacto económico. No es necesario extenderse mucho en ello. Hacer que el marco constitucional funcione eficientemente y –de ser posible– mejorarlo sin traumas profundos, es una obligación de Estado que compete a todo gobierno. En el caso del momento actual panameño, dicha labor se inscribe también como una de las tareas claves que el Gobierno debe llevar adelante, especialmente para estar mejor preparados para cuando la desaceleración del ritmo de crecimiento llegue y las tensiones sociales tiendan a aumentar. Es por ello que consideramos que, dentro de una visión de mejoramiento institucional del país, carece de toda presentación la aprobación por parte del actual gobierno de la Ley 69 de 2007, por medio de la cual se eliminó la Policía Técnica Judicial y se creó la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) bajo el control de la Policía Nacional.

Según ya han expuesto diversas voces autorizadas, el modelo de la DIJ resulta inconstitucional, por cuanto pone en manos del Órgano Ejecutivo (Ministerio de Gobierno–Policía Nacional) funciones decisivas de investigación criminal que por Constitución corresponden al Ministerio Público. Sin embargo, el tema va más allá, dados los antecedentes históricos que en Panamá ha tenido este modelo, concretamente por el uso por parte de sectores políticos en el poder, de los instrumentos de la policía de investigación como mecanismo de corrupción, pero también de intimidación, persecución y hasta tortura de la oposición política.

A mi juicio, pese a los múltiples problemas de la extinta PTJ, el concepto de fondo de que la investigación criminal no debe quedar en manos del Órgano Ejecutivo, es una visión institucionalmente correcta. De hecho, tanto ese cambio institucional, como la eliminación del ejército, fueron unos de los pactos políticos más destacables del período de reconstrucción post invasión. La creación de la DIJ rompe ese pacto. Quizás como una medida desesperada ante el fiasco de la política de seguridad del actual gobierno, la cual tratan de parapetar con este parche legal el cual se ha adoptado con ligereza.

Debemos reconocer que la simple existencia de una ley que dejara las investigaciones criminales fuera de la injerencia del Ejecutivo, no necesariamente evitaría que bajo algún otro paraguas "institucional", como por ejemplo el Consejo de Seguridad, cualquier gobierno quisiese realizar labores de espionaje y hasta de persecución de la oposición política. Eso sería un mal que habría que afrontar. Pero –independientemente de ello– darle la bendición legal al control del Ejecutivo sobre tramos esenciales de la investigación criminal, definitivamente que es contraproducente.

No visualizó que a corto plazo el cambio que representa la creación de la DIJ necesariamente signifique que en la práctica se iniciará una alteración política sustancial. Sobre todo porque todos estamos muy alertas. Sin embargo, la nueva Ley 69 de 2007 ha dejado sembrado el germen del peligro y solo el futuro nos podrá decir si esa enfermedad se propagará. La sola incertidumbre sobre un tema tan fundamental le resta competitividad a Panamá y no contiene ningún aporte positivo para el acopio de provisiones que, como país, debemos hacer en preparación para los tiempos de desaceleración económica que eventualmente llegarán.