BOLIVIA.

Cambio constitucional, clave de la polarización

La polarización política que vive Bolivia al inicio del tercer año del gobierno de Evo Morales se centra en un proyecto de cambio de Constitución para revertir siglos de opresión indígena, que tropieza con oposición en varios frentes. El país más pobre de Sudamérica no halla consenso sobre su nueva carta "plurinacional", aprobada en diciembre por una asamblea dominada por oficialistas y pese a un boicot opositor.

Partidarios del primer Presidente indígena boliviano dicen que la nueva Constitución tiene avances en temas como la libertad religiosa, la lucha contra la corrupción y la igualdad de géneros, en este último caso con garantías para el acceso de más mujeres al Congreso y al gabinete ministerial. Pero los críticos cuestionan el intento de oficializar una "justicia comunitaria", en una compleja red de autonomías regionales e indígenas, y el proyecto de obligar a que los empleados públicos hablen al menos dos idiomas: español y una de 36 lenguas indígenas, principalmente aymara, quechua y guaraní.

"La Constitución del (gobernante) Movimiento al Socialismo propone dos Bolivias: una de indígenas y otra de no indígenas, con justicias y lenguas propias, separadas y paralelas", dijo el intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas, quien fue en primer vicepresidente indígena en la década de 1990. "Solo los indígenas serían ciudadanos de primera categoría", advirtió.

Morales, líder de los productores de coca que impulsa también una nacionalización económica, niega estar inclinando la balanza demasiado a favor de los indígenas, en perjuicio de otros grupos, y remarca que la nueva carta "descolonizará" al país a más de 500 años de la conquista española. Bolivia fue gobernada tradicionalmente por una élite descendiente de europeos, mientras los indígenas apenas ganaron el derecho a votar en la década de 1950.

La resistencia al cambio constitucional impulsado por Morales con la consigna de "refundar" Bolivia pareció poner a Bolivia al borde de un nuevo ciclo de inestabilidad, pero esta vez las protestas no proceden de los llamados movimientos sociales sino de poderosos gobernadores que piden autonomía. Y aunque Morales y los gobernadores rebeldes abrieron un diálogo a principios de enero, no está claro cuánto puede ceder el mandatario en su "revolución democrática y cultural" ni hasta dónde retrocederían los opositores en sus demandas de autonomía.

Líderes opositores sostienen que el proyecto constitucional fue aprobado ilegalmente y, además de discriminatorio, lo consideran contrario a la iniciativa privada y a las grandes propiedades agrícolas. "Es una norma completamente antidemocrática", dijo a una radio local Carlos Alarcón, ex viceministro de justicia, sobre la exigencia del dominio de dos idiomas. "Solamente un 30% de los bolivianos maneja simultáneamente dos idiomas considerados oficiales por este proyecto de Constitución".

El nuevo texto debe pasar por dos referendos para entrar en vigencia, pero esas consultas todavía no están convocadas. "un puñado de tipos" Román Loayza, campesino líder de la bancada oficialista en la Asamblea Constituyente, dijo que la nueva carta fundamental es mucho más inclusiva que la actual, que según dijo fue escrita por "un puñado de tipos" descendientes de españoles. "Este es un texto constitucional de los bolivianos, desde su identidad cultural, desde su ideología y desde sus recursos naturales y la tierra", sostuvo Loayza, añadiendo que los indígenas los reclamaron por más de una década.

Uno de los temas más polémicos es el de las autonomías. Cuatro de los nueve departamentos, ubicados en las tierras bajas del oriente y el sur, desafiaron en diciembre a Morales dando pasos de autonomía al margen del cambio constitucional. La nueva Constitución reconoce cierto grado de autonomía a los departamentos, pero establece también autonomías para regiones especiales, municipios y comunidades indígenas. Algunos analistas advierten que esta red de autonomías podría derivar en una pesadilla logística, aunque Loayza afirmó que serán respetados los limites de municipios y provincias dentro de los departamentos.

Las conversaciones entre el Gobierno y los gobernadores rebeldes para compatibilizar las demandas de autonomía con el nuevo texto constitucional no han avanzado hasta ahora. Y aunque tampoco han progresado discusiones sobre el sistema mixto de justicia occidental y originaria, para algunos de sus seguidores Morales ya ha hecho bastante por el cambio. "Este gobierno ha hecho en dos años más que en 180 años de historia de la república por nosotros los campesinos aymaras, dijo Samuel Guarayo, un productor de café de 42 años.