Plano urbano
Gobierno burla a proponentes

OPINIÓN. El Gobierno, a través de su dirigente máximo, el presidente Martín Torrijos, ha olvidado sus obligaciones y sus compromisos adquiridos mediante su plan de gobierno y un concurso internacional convocado. Se comprometió a la modernización del transporte masivo y colectivo, cosa que el gobierno anterior no fue capaz de resolver, probablemente por peleas internas del arnulfismo, por las comisiones que ofrecía la empresa francesa fabricante del tren ligero, comisiones cuya existencia circulaba a viva voz entre demasiadas personas.

En la Comisión de Vialidad de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, el tren ligero fue desechado por la inflexibilidad de vehículos que viajan atados a rieles de los cuales no logran separarse para adelantar a otro vehículo dañado. Quedaba como excelente alternativa el sistema de autobuses articulados, de tanto éxito en Curitiba y Bogotá, como bien comprobamos en ambas ciudades quienes viajamos a evaluar sus operaciones. Recién iniciado el gobierno, Torrijos y su canciller estuvieron en Bogotá y viajaron en el Transmilenio, mostrando admiración e interés por su implantación (no implementación, ojo) en Panamá, por lo cual dieron instrucciones para adelantar los estudios necesarios.

La Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre (ATTT) celebró contratos con diferentes especialistas en los procesos que se requerían, entre ellos el arquitecto urbanista Alberto W. Osorio, de amplia experiencia, quien definió y diseñó los espacios que necesitarían los autobuses articulados al viajar en carriles exclusivos, confirmando la posibilidad de su aplicación en la ciudad, de recuperar las servidumbres de las vías seleccionadas, actualmente invadidas por estacionamientos del comercio, tal como se hizo en Bogotá. Con todos los estudios en mano, la ATTT llamó a una precalificación de un concurso-licitación internacional para diseñar y financiar las instalaciones necesarias para los autobuses articulados, los vehículos alimentadores, el proceso de cobro anticipado al abordaje de los vehículos, punto clave del éxito, como también el pago posterior de todos quienes participarían en el proceso de traslado de personas. Todo esto requirió largos meses de preparación e inversión de cuantiosas sumas, para cumplir con las interminables exigencias que los términos de referencia habían establecido. Como profesional interesado en el funcionamiento de nuestra ciudad, estuve en el acto de presentación de las propuestas de nueve empresas, en su mayoría consorcios formados por renombradas entidades privadas de todo el mundo.

Tras deliberaciones de meses, la Comisión Evaluadora precalificó a siete empresas. Ellas se han quedado esperando inútilmente el llamado del Gobierno a presentar sus ofertas. Este acto, para mi entender, es un fraude que ha cometido el Gobierno panameño en contra de empresas y consorcios internacionales que gastaron unos cien mil dólares en promedio, confiando en la seriedad de quienes administran nuestro país. ¿Quién les resarcirá ahora del dinero y tiempo perdido?

Tan rápidamente como se decidió el concurso-licitación de la cinta costera, hubiera podido adelantarse lo del transporte masivo y colectivo, tema mucho más importante que la vía costanera para el bienestar de la familia panameña, ya que sus beneficios alcanzarían a todos los residentes de la capital, incluyendo a quienes seguirían utilizando vehículos privados.Ahora tenemos otro estudio en proceso, nuevamente de japoneses. Espero una evaluación de todas las tecnologías que hoy se ofrecen. Estamos en el mismo punto de hace 10 años, pero el problema urbano es cien veces mayor.

El autor es arquitecto y asesor en bienes raíces