REUTERS/David Mercado Las disputas sobre la renta, la nueva Constitución y las autonomías han configurado en el último año el escenario de confrontación entre Morales y la oposición.

10:53 a.m. - LA PAZ, Bolivia (Reuters). -El presidente Evo Morales inició hoy viernes el pago de la primera renta universal de ancianos de Bolivia, enfrentado a gobernadores opositores que se niegan a financiar el beneficio con un recorte de los recursos regionales.

Los prefectos de cinco de los nueve departamentos se oponen también a la reforma de la Constitución impulsada por el mandatario indígena y buscan en cambio la autonomía inmediata de sus distritos, en un enfrentamiento que ha polarizado al país más pobre de Sudamérica.

Morales entregó la primera "renta dignidad" de 200 bolivianos mensuales (unos 26 dólares) en un cuartel de paracaidistas de la ciudad central de Cochabamba, con un abierto apoyo de los mandos militares, mientras parecía al borde del fracaso un diálogo de distensión política entre el Gobierno y los prefectos rebeldes.

"Con la renta dignidad se acabó la privatización y el saqueo de nuestros recursos naturales", proclamó Morales en un discurso televisado, al señalar que el beneficio a los ancianos era posible por la nacionalización petrolera que decretó en 2006 y que le permitió también crear un bono para escolares.

Pero es justamente el uso de parte de un impuesto petrolero lo que rechazan los prefectos rebeldes, que han montado una férrea resistencia a la "revolución democrática y cultural" del presidente izquierdista, que en cambio es apoyado por gobiernos de la región, como los de Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba.

El Gobierno encargó el pago de la renta, que beneficia a casi 700 mil mayores de 60 años, a una vasta red de entidades financieras, complementada con oficinas abiertas en instalaciones militares en regiones alejadas de las ciudades.

Los prefectos opositores cerraron filas para rechazar el uso de parte de un impuesto petrolero para pagar la renta, que el Gobierno definió como "pago de una deuda social histórica" que sumará en el primer año unos 205 millones de dólares.

Aunque las prefecturas aportarán en conjunto poco más de 50 millones de dólares, o menos del 5% de sus recursos, dijeron que tal "confiscación" atentaba contra sus capacidades de autonomía. El saldo será pagado por el Gobierno.