SALUD.

Valores y conceptos

Si consideramos que la salud es el producto de la interacción de varios factores sobre los que podemos actuar (pobreza, urbanismo, desarrollo humano, equidad de género) o no (potencial genético personal), es evidente que la salud depende de la sociedad, en general, y de una política de desarrollo humano que debe contar con servicios sanitarios de calidad. En la Carta de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales suscrita por las Naciones Unidas y en la Constitución de Panamá, la salud es un derecho de las personas que habitan el país. Por lo tanto, es deber del Estado organizar los servicios públicos de salud. El costo–efectividad de los programas (vacunación, etc.) puede no verse de inmediato, pero su implementación responsable en la década de 1970 ha permitido situar al país en niveles importantes en América Latina. Es necesario mantener y desarrollar la red de servicios primarios y secundarios, creando una relación estrecha y sostenida con la población local, para mejorar estos indicadores.

La mejoría de (a pesar de todos los problemas) las enfermedades agudas y crónicas, necesita una atención especializada multidisciplinaria y costosa, por diversas razones: costos de los equipos, insumos y medicamentos especialmente en un país de tan poca población como Panamá, costo de la formación continua del personal sanitario. Es por ello que la duplicación de los servicios sanitarios es insostenible para el país. Sin embargo, los intereses creados se oponen a su unificación planificada, consensuada y financieramente sostenible; se restringirían las ventas, y las comisiones serían menores.

Desde 1990, los economistas se han apropiado del debate, introduciendo un vocabulario de mercado. Ya no hay personas enfermas sino "productos" del quehacer médico, cifras que se suman o restan, como en una cadena de producción en la cual se pierde el Juramento de Hipócrates. Los conceptos del mercado, de competitividad y de que los que no pagan solo se merecen "asistencia" del Estado, han penetrado tanto a la sociedad, que sindicatos y gremios han perdido el sentido de solidaridad con quienes no tienen la suerte de tener un trabajo formal y no cotizan al Seguro Social. Solicitan "retirar a los beneficiarios", olvidando que son los hijos, esposas (os), padres de los cotizantes que están trabajando para su familia. Rechazan un sistema único de servicios de salud cuando la perversión está en un doble discurso (demagógico–privatizador del Gobierno y de la empresa privada, corporatista–excluyente de los gremios y sindicatos). Favorecen la duplicación de compras, al no contextualizar cada uno de los servicios para las necesidades reales de la población. ¿Es necesario tener tres o cuatro programas de cirugía cardiovascular de altos costos para tres millones de habitantes? ¿Es necesario tener equipos de alta complejidad en todos los hospitales? ¿El intercambio de procedimientos entre entidades públicas es externalización o privatización? Mientras cada uno se quede en la resolución de su propio problema, no se podrá construir un sistema público de salud al servicio de los habitantes del país.