caso montenegro.

Sorpresa por decisión del Fiscal

Los actores del proceso electoral están sorprendidos y preocupados por la opinión del fiscal electoral interino, Orlando Barsallo, en la que deja entrever que un funcionario podrá emitir su opinión a favor o en contra de un determinado candidato a elección popular, siempre y cuando éste no haya oficializado sus intenciones de ocupar el cargo.

"Estoy consternada e indignada por el manejo que se le dio a la investigación. No sé qué Código Electoral se está leyendo el Fiscal, pero en el nuestro no establece si es candidato o no, el simple hecho de usar los recursos del Estado para fines políticos constituye un delito electoral que no tiene término ni momento". Así reaccionó la coordinadora de asuntos legales de Cambio Democrático, Alma Cortés.

La ex presidenta del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) Gisela Chung no comparte la opinión de que no hubo delito porque no estaba abierto el proceso electoral. "Cuando se usan recursos del Estado para política se comete un delito electoral, no importa si se está dentro o fuera de una proceso electoral", dijo Chung.

El secretario general de Unión Patriótica, Jorge R. Fábrega, va mucho más allá. El político pidió que se investigue si dentro de las competencias del Ministerio de Vivienda está la de realizar foros sobre mujer y participación ciudadana.

Barsallo en su vista fiscal, en la que pidió un sobreseimiento definitivo para la secretaria del Consejo de Transparencia, Alma Montenegro de Fletcher, quien fue denunciada por promover la candidatura de la ministra Balbina Herrera, asegura que al momento de la ocurrencia de los hechos no existía un proceso de elección popular, menos una candidatura o precandidatura a cargo de elección popular.