COP. PANAMÁ SIGUE SUSPENDIDO.
Vanegas rechaza solicitud de Odepa
El dirigente insiste en que los estatutos del COP del 2002 contradicen las leyes nacionales.
Vázquez Raña envió una carta a Miguel Sanchiz solicitando que se tramite la inscripción de los estatutos.
| LA PRENSA/Archivo |
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| REACCIÓN. La trama en torno a la polémica del Comité Olímpico de Panamá parece no tener solución.971576 |
Reinaldo A. Weeks D.
rweeks@prensa.com
Miguel Vanegas, quien encabeza la directiva del Comité Olímpico de Panamá (COP) que adversa la otra que preside Miguel Sanchiz, avalada por el Comité Olímpico Internacional (COI), salió ayer nuevamente al ruedo.
Esta vez fue en reacción a la carta con fecha 10 de enero de 2008 enviada a Sanchiz por el presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), Mario Vázquez Raña.
En dicha misiva, Vázquez Raña pone de manifiesto que tras la aprobación de la nueva ley del deporte por el Gobierno panameño, uno de los trámites a seguir a fin de poder solicitar al COI levantar la suspensión que pesa sobre Panamá, es la presentación ante la autoridad competente del país de los estatutos del COP reformados en 2002.
Sin embargo, en opinión de Vanegas y su grupo, con dicha solicitud, el presidente de la Odepa pretende legitimar actos delictivos cometidos por panameños dentro del territorio nacional.
Vanegas dijo que a excepción del diputado Franz Wever, cuyo expediente está en la Corte Suprema de Justicia, todos los demás miembros de la junta directiva avalada por Vázquez Raña "andan caminando con una orden de impedimento de salida del país dictada por los tribunales panameños y que más temprano que tarde caminarán por la cárcel La Joya".
Vanegas explicó que los estatutos del COP presentados en 2002 fueron rechazados por el Ministerio de Gobierno por contradecir el artículo 39 de la Constitución Nacional.
La primera vez fue mediante el resuelto No. 602-PJ- 291 del 11 de octubre de 2002, firmada por el ministro de ese entonces, Alejandro Pérez y ratificada tras una solicitud de reconsideración a través del resuelto No. 691-PJ-247 de 22 de noviembre de 2002, siendo ministro de Gobierno y Justicia Arnulfo Escalona.
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