CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

El ministro que debo ser

Algunos amigos con cierto aire de picardía política me han deslizado la pregunta de si mi presencia en los medios escritos obedece a intereses estratégicos de propaganda política o, sin decirlo, dejan entrever que se trataría de un afán personal por promocionar mi gestión. Ni lo uno ni lo otro.

La vida me ha otorgado la fortuna de transitar por diversas facetas de la actividad humana y, en ese recorrido, la academia y el acercamiento a los principios que definen el deber ser me llevan a concluir que lo que estoy haciendo es disponer de unas herramientas para fomentar el debate en la búsqueda de un consenso sobre temas cuya discusión ha sido eternamente pospuesta.

El cumplimento y ejecución de las sanciones penales juveniles, que fue tema de un reciente taller organizado por UNICEF, ha provocado algunas opiniones a mi juicio desbordadas, pues se apoyan en la percepción de alteración de los patrones de seguridad del país y en la estimación de los índices de participación de menores y adolescentes en actos de violencia o criminalidad en los últimos años.

El Instituto de Estudios Interdisciplinarios, ente administrativo que ha sido incorporado recientemente al Ministerio de Gobierno y Justicia, es el encargado de la ejecución de las sanciones penales, entre ellas las relacionadas con el tratamiento a los jóvenes en alto riesgo de violencia y actos violatorios de la ley y, como consecuencia, de los proyectos en los cuales ha venido trabajando el Órgano Judicial.

Hay quienes quisieran que desde esta posición lanzáramos, a nombre del Gobierno, campañas o estrategias que sepan a represión pura. Se olvidan que la misión a mi cargo se fundamenta en el correcto y debido cumplimiento de la ley. No actuamos por encima de la ley y nos atenemos a ella.

Lo que buscamos son políticas de Estado que definan los roles de la sociedad en su conjunto en cuanto a responsabilidad social y aplicación del principio de oportunidad que hoy hacen posible mundos verdaderamente civilizados y armónicos, a pesar de los brotes violentos de distinto origen que los amenazan.

El nuevo modelo de justicia que se viene discutiendo y proyectando está directamente relacionado con estos aspectos. Bastaría mencionar que ese matiz inclusivo en la moderna definición de la aplicación de justicia lo podríamos sintetizar en las novedosas experiencias de éxito que representan las salidas alternas a la resolución de conflictos, y que en Panamá, gradualmente vienen implementándose a través del Centro de Mediación de Conflictos.

No es que el Estado tenga que ser débil. Los estados fuertes se levantan sobre la base de la justicia social, entendida como el ejercicio real del compromiso.

Así como me pregunto y me atreveré a preguntarles a los interlocutores que vienen reclamando mayor eficacia en las prácticas represivas del Gobierno, ¿por qué todo tiene que resolverlo la Policía?, así mismo digo que todo lo que venía sucediendo en el sistema judicial no era, ni podía ser responsabilidad exclusiva del Órgano Judicial o de los administradores de Justicia.

Sucedió que sencillamente dejamos al Estado todas las responsabilidades, y cuando nos enteramos habíamos acumulado peligrosamente las deficiencias de la sociedad de conjunto en los depósitos de una estructura obsoleta. La extinta PTJ es el mejor ejemplo de ello.

Los retos de ahora no son simples, pero tenemos el estímulo de un estado de conciencia que nos va a ayudar a modernizarnos. En el campo de la administración de justicia, los resultados empiezan a ser alentadores y serán extraordinarios cuando, una vez se cumplan los trámites de ley y se apruebe el proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal, la justicia entre en su fase de implementación y aplicación. Esos efectos positivos también se verán, desde luego, en lo referente al tratamiento de la justicia penal juvenil, así como a los esperados resultados en las investigaciones judiciales en manos de la recién creada DIJ.

Debemos ser conscientes de que nos faltan muchas cosas, pero principalmente pienso en una, la sensibilización de la población respecto a la importancia de este proceso de modernización, porque ahí es cuando la gente común y corriente va a empezar a entender que este modelo de justicia que se viene proyectando, analizando, discutiendo, implementando, está hecho es para ellos, para garantizar, respetar y proteger sus derechos.

Cómo me gustaría, a propósito, que los medios de comunicación se propusieran aceptar nuestra invitación a reflexionar juntos sobre estas responsabilidades y, en ese ejercicio, pudieran encontrar las que a ellos compete como receptores y procesadores de información, o generadores y formadores de opinión. Tal vez así se animaran con mayor terquedad a elaborar propuestas, a descubrir su parte de responsabilidad en estos desequilibrios, y aportar su cuota en la promoción y consecución de consensos sociales, así como lo viene haciendo la Iglesia católica.

Mi función en los medios de comunicación inequívocamente no debe ser otra que estimular los consensos que hemos aplazado en el tiempo. El Ministerio a mi cargo no es la mano blanda del Gobierno pero tampoco la mano represiva per se que algunos voceros de la sociedad atizan en sus diarias y desesperadas denuncias. Asumir este papel no es tan fácil como especular a la promoción mediática.