CLIMA DE DESCONFIANZA.

El problema de la basura no es la basura

El manejo inadecuado de los residuos sólidos se ha convertido, en el último quinquenio, en una de las principales manifestaciones del deterioro ambiental de Panamá, con consecuencias directas sobre la salud, el ambiente y el desarrollo económico. Es además y principalmente, una manifestación de los problemas de gobernabilidad asociados a un clima de desconfianza básica ampliamente extendido.

El país genera basura en volúmenes y composición muy parecidos a los países desarrollados. En las áreas urbanas cada persona produce, en promedio, dos libras de basura al día, el 50% corresponde a residuos orgánicos y el restante 50% a residuos no biodegradables, en su mayoría envases de un solo uso y todo tipo de envoltorios y embalajes, así como el PVC, uno de los plásticos de uso más generalizado.

Estos datos reflejan una sociedad "consumista", que adquiere muchos productos, que con rapidez pasan a ser inútiles, inservibles y obsoletos; que igualmente utiliza de manera exagerada los productos desechables (especialmente plásticos) fabricados para la comodidad del consumidor, pero sin pensar en el medio ambiente. El crecimiento del empleo y la mejora de los ingresos, como resultado de una economía boyante, ha contribuido a generar centenares de toneladas de basura adicionales que se acumulan a lo largo y ancho del territorio, afeando el paisaje urbano.

En total, diariamente se producen en todo el país cerca de 2 mil 700 toneladas de basura, con una tendencia a incrementarse como resultado del auge económico. No obstante, difícilmente se recoge de manera continua el 50%, debido al colapso de los sistemas municipales de aseo y a las dificultades de las empresas privadas. Cerca de mil 300 toneladas se queman en los patios o se entierran, provocando la contaminación de los suelos, se lanzan a ríos o quebradas o simplemente se acumulan en los denominados "pataconcitos". Otras mil 300 toneladas se recolectan y se trasladan al relleno sanitario de Cerro Patacón y a vertederos a cielo abierto en donde se queman igualmente o se tratan en condiciones medianamente aceptables. En los meses de la estación seca, el fuego, no precisamente purificador, se encarga de liberar dioxinas y furanos de las basuras, las sustancias más tóxicas que se conocen, cinco millones de veces más dañinas que el cianuro.

En conclusión, Panamá produce basura como un país rico, pero la recoge y dispone como un país muy pobre. No se trata por cierto de un problema económico, pues con 50 millones de dólares (el 50% del presupuesto del Prodec al 2009), de acuerdo a un estudio realizado por el Minsa, serían suficientes para construir y equipar 46 rellenos sanitarios, resolviendo el problema de la disposición final inadecuada en 76 municipios de Panamá, y fortaleciendo los sistemas de recolección de estos municipios mediante la adquisición de 68 compactadores de 16 yardas cúbicas, 68 volquetes de 13 yardas cúbicas, pick-up para supervisión, retroexcavadoras, etc. Con esta inversión, en un santiamén Panamá habría resuelto el déficit de equipamiento e infraestructuras, necesarias para recoger y tratar adecuadamente los desechos.

El problema es cultural y político. Ninguna comunidad en el país está dispuesta a aceptar la construcción de un relleno sanitario en sus cercanías, a pesar de que se trata de una obra de ingeniería radicalmente distinta al vertedero que todos conocemos. Varios proyectos de esta índole, debidamente financiados y planificados, han fracasado por la oposición concertada de moradores y líderes políticos locales. "¿Quién nos asegura que el próximo alcalde va a darle el mantenimiento necesario al relleno sanitario que se propone construir, para evitar que termine convirtiéndose en un basurero?", me espetó un furioso líder comunitario hace cuatro años. Aún hoy no tengo respuesta a esa pregunta.

A la desconfianza mostrada hacia las administraciones locales que no garantizan la calidad ni sostenibilidad de los rellenos sanitarios, se suma la poca voluntad de pago de la tasa de aseo por parte de la población. Mientras que el promedio de morosidad en América Latina es aproximadamente del 20%, en Panamá es de 40–50%. Esto origina un círculo vicioso: la baja recaudación no permite prestar un buen servicio, lo que se refleja especialmente en el deficiente mantenimiento de los equipos; y la falta de un buen servicio reduce las posibilidades de recaudación.

La "cultura de no pago" de los usuarios ciertamente encuentra correspondencia en la "cultura de no cobro" de la clase política local, legítimamente preocupada en evitar conflictos con su electorado. Expresión sublime de este vínculo perverso lo constituyen los denominados "operativos de limpieza", con los que se premia a los desaprensivos que se dedicaron a acumular basura en las barriadas y vías públicas para evadir el pago de la tasa de aseo, al mismo tiempo que ofrece a las autoridades locales una oportunidad inmejorable para aparecer en los medios de comunicación. Aunque a costa de la decepción de los contribuyentes puntuales y de la frustración de los administradores que no ven mejorar los ingresos a pesar de estos costos operativos.

La forma en que se ha conducido la privatización de la recolección y transporte de los desechos sólidos agravó la desconfianza ciudadana en varios municipios por varias razones: centenares de pequeñas empresas recolectoras propiedad de panameños que habían forjado estrechas relaciones con las comunidades, fueron eliminadas abruptamente para dar paso a empresas extranjeras; ocurrió un incremento de las tasas de aseo, sin la información adecuada a los usuarios; y creció la percepción, posiblemente injusta, de que en el proceso de contratación de las empresas privadas algo olía mal y no era precisamente la basura.

La solución a la crisis de los residuos sólidos de Panamá, pasa necesariamente por restablecer la confianza entre las autoridades locales y los ciudadanos, para que se pueda avanzar sin contratiempos en el proceso de construcción de rellenos sanitarios y sustituir los vertederos actuales, y para garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios de barrido de vías, recolección y transporte de los residuos sólidos, mediante una nueva "cultura de pago" de la tasa de aseo.

Posiblemente sea el momento de reunir a los actores involucrados: las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema, entidades gubernamentales y sector privado (empresas recolectoras y recicladoras), con el propósito de diseñar cursos de acción ampliamente concertados.